El Gobierno mexicano expresó este miércoles su rechazo a las medidas antiinmigrantes que pretendan detener el flujo de personas, mediante su criminalización, tras la iniciativa de Ley SB4 aprobada el martes por el Congreso del estado de Texas, fronterizo con México.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) denunció en un comunicado que dichas normas resultarán en la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales.
Esto luego de que el martes, la Cámara de Representantes de Texas, dominada por los republicanos, aprobó el proyecto de Ley SB 4, que convierte en delito estatal menor el cruce indocumentado de la frontera y exige a la justicia estatal ordenar el regreso de los extranjeros a suelo mexicano para no procesarlos en Estados Unidos; además si el extranjero no cumple con la orden del juez o tiene antecedentes criminales el delito se convierte en grave y conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
Ante ello el Gobierno mexicano apuntó que «reconoce el derecho soberano de cualquier país de decidir» las políticas públicas que deben ejecutarse en su territorio, pero «respetuosamente externa su derecho legítimo de proteger los derechos de sus connacionales en Estados Unidos, así como el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio».
En ese sentido, dijo, «rechaza tajantemente cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano», por lo que la Cancillería instruyó a las 11 representaciones consulares en Texas, entre otras medidas, a aumentar sus encuentros con autoridades aliadas, legisladores y agrupaciones de derechos civiles para reforzar la presencia en el estado.
Además, de realizar jornadas informativas, ofrecer asesoría legal y migratoria gratuita, y reforzar la vinculación con la comunidad mexicana.
El Gobierno de México dijo que mantendrá sus esfuerzos con el de Estados Unidos para responder a los fenómenos migratorios, mientras que la SRE, a través de la red de consulados en Texas, «estará atenta para responder a cualquier violación por parte de las autoridades y explorará apoyar litigios estratégicos para salvaguardar sus derechos humanos».



