Casos de indígenas, infancia y migrantes serán prioridad en la SCJN

8 de septiembre de 2025

Con información de Debate


La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó un nuevo Reglamento de Sesiones que introduce cambios sustanciales en la forma en que el máximo tribunal del país organiza y desarrolla sus actividades. Con estas medidas se busca agilizar la resolución de expedientes, reducir el rezago y garantizar mayor transparencia.

Entre las principales novedades destaca la posibilidad de realizar sesiones itinerantes en distintas regiones del país, así como la atención prioritaria a casos de comunidades indígenas, afromexicanas, asuntos de derechos humanos, temas electorales y aquellos que involucren el interés superior de la niñez.

Sesiones itinerantes y casos prioritarios

El reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece que la Corte podrá llevar a cabo sesiones en lugares distintos a sus sedes habituales, con el fin de garantizar el acceso a la justicia de grupos vulnerables. Para estos casos, las sentencias deberán emitirse en formatos accesibles e incluso traducirse a lenguas originarias cuando sea necesario.

Además, se fijó que los asuntos relacionados con menores de edad, personas con discapacidad, migrantes y comunidades indígenas y afromexicanas recibirán tratamiento preferente. A estos se suman los decretos presidenciales, considerados urgentes por mandato constitucional, y otros clasificados como prioritarios al proteger derechos humanos fundamentales o exigir medidas de amparo inmediatas.

Cambios en la dinámica de las sesiones

Por primera vez, el reglamento establece límites de tiempo para las intervenciones de los ministros. El ponente tendrá 10 minutos iniciales, mientras que en la primera ronda cada integrante contará con siete minutos y el ponente con cinco de réplica. En una segunda ronda, las participaciones serán de cinco minutos y el ponente dispondrá de tres para responder. Sólo la presidencia podrá abrir rondas adicionales en casos excepcionales.

El calendario aprobado divide las sesiones por materia: lunes y martes se abordarán controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y asuntos vinculados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; los miércoles se discutirán casos penales y civiles; los jueves, asuntos administrativos y laborales.

Transparencia y modernización

El reglamento también obliga a que todos los proyectos y listas de asuntos se publiquen de manera digital, un cambio frente a administraciones anteriores donde gran parte de la información permanecía reservada. Paralelamente, se difundió el acuerdo general 1/2025, que introduce un sistema automatizado de recepción y turno de asuntos, con seguimiento mediante código QR.

Con estas medidas, la SCJN busca reforzar la transparencia y ofrecer a la ciudadanía un acceso más claro a las decisiones del máximo tribunal, al tiempo que se agilizan los procesos internos.

Contexto institucional

Las reformas se dan tras la reforma constitucional de septiembre de 2024, que eliminó las salas y obligó a que la Corte funcionara únicamente en pleno. Esta nueva integración del tribunal ha impulsado ajustes normativos para mejorar la eficiencia y responder a la demanda social de justicia expedita.

No obstante, persisten debates internos. La ministra Lenia Batres señaló que, aunque desde enero los sueldos de ministros se ajustaron al tope constitucional, algunos integrantes aún perciben prestaciones que superan en 2.6 millones de pesos anuales lo que recibe la presidenta Claudia Sheinbaum, salvo ella y la ministra Loretta Ortiz. El pleno acordó solicitar al Órgano de Administración Judicial la eliminación de dichos beneficios.

Implicaciones

El nuevo reglamento representa un paso hacia la modernización del máximo tribunal del país, al reforzar la eficiencia en el uso del tiempo, transparentar la información y garantizar el acceso a la justicia para sectores históricamente marginados.

También coloca a la SCJN en un proceso de transformación interna en el que las tensiones administrativas, como las relacionadas con los beneficios económicos de los ministros, continúan abiertas.

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