AL AIRE
La implementación del registro obligatorio de líneas telefónicas móviles en México ha generado preocupación por las posibles consecuencias legales y de seguridad que podría traer para la ciudadanía, en particular en materia de protección de datos personales y respeto a los derechos humanos.
El mecanismo, conocido como Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), busca vincular cada número celular con la identidad de su titular mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP). De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, el objetivo es fortalecer la seguridad y trazabilidad, para prevenir delitos relacionados con el uso de líneas anónimas.
Plazos y alcance del registro
La obligación aplica únicamente para usuarios con líneas de prepago, quienes deberán realizar el registro dentro de un plazo de 120 días, iniciado el 9 de enero y con fecha límite antes de que concluya junio. En el caso de las líneas de pospago, no es necesario realizar ningún trámite adicional, ya que las compañías telefónicas cuentan con los datos validados a través del contrato.
Alertan por fraudes y uso indebido de datos
Junto con la implementación del padrón, se han detectado nuevas modalidades de fraude que aprovechan la desinformación y la urgencia del proceso. Usuarios han reportado llamadas y mensajes donde personas se hacen pasar por autoridades o empleados de empresas telefónicas para solicitar datos personales, amenazando con la suspensión de la línea o utilizando incluso voces generadas con inteligencia artificial.
Autoridades y especialistas han reiterado que ninguna dependencia ni empresa solicita información como la CURP por teléfono o mensajes no oficiales, por lo que recomiendan realizar el trámite únicamente a través de los canales autorizados.
Cuestionan eficacia y legalidad del padrón
Sobre el tema, la politóloga y abogada Ana Castelán Valenzuela advirtió que el registro obligatorio no garantiza la reducción de delitos como la extorsión y, en cambio, representa un riesgo para la seguridad y el manejo de información sensible de millones de usuarios.
“Realmente no es un mecanismo adecuado, pero sí es muy riesgoso para la vulneración de datos personales de los ciudadanos. Ese es el verdadero problema. ¿Y qué dice el gobierno federal? Es que no están en nuestras manos, están en manos de privados. Pues peor tantito. ¿Cómo tú como gobierno obligas al ciudadano a un registro que ni siquiera tú puedes llevar el control?”, dijo.
Recordó que experiencias previas de registros similares no lograron disminuir la incidencia delictiva y sí incrementaron los riesgos de filtraciones y uso indebido de información. Además, consideró que la autoridad reguladora podría estar rebasando sus facultades al imponer una obligación que no está claramente prevista en la ley.
Finalmente, llamó a la ciudadanía a mantenerse informada, identificar posibles intentos de fraude y exigir garantías reales de seguridad antes de cumplir con el registro obligatorio.
