AL AIRE
En el municipio costero de Lázaro Cárdenas, un adolescente de 15 años fue detenido tras privar de la vida a dos de sus profesoras en un bachillerato privado. El ataque, perpetrado con un fusil semiautomático AR-15, ocurrió en el pasillo de entrada del plantel tras una aparente discusión entre el joven y una de las docentes.
Las víctimas fueron identificadas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán como María del Rosario S. y Tatiana B., de 36 y 37 años respectivamente. Según los informes oficiales, ambas maestras fallecieron en el lugar de los hechos.
En la escena del crimen, elementos de la Secretaría de Seguridad estatal aseguraron el arma larga y un cargador, los cuales han sido integrados como evidencia fundamental en la carpeta de investigación.
Horas antes del atentado, el joven, identificado como Osmer H., publicó un video en su perfil de Instagram posando frente a un espejo con el arma utilizada. Las autoridades y medios de comunicación han señalado que el perfil del menor contenía publicaciones vinculadas al movimiento «incel» (célibes involuntarios), una subcultura digital caracterizada por discursos de odio, misoginia y posturas antifeministas extremistas.
El detenido es hijastro de un miembro de la marina, ante esto, el padrastro declaró ante las autoridades que el arma usada no le pertenece.
El adolescente fue capturado poco después del ataque y su detención fue documentada en video, donde se le observa con la misma vestimenta que portaba en sus publicaciones de redes sociales.
Debido a su edad, el proceso se llevará a cabo bajo el sistema de justicia para adolescentes, mientras la fiscalía profundiza en el origen del armamento y los posibles detonantes psicológicos que derivaron en esta agresión directa contra el personal docente.
En México, los menores de entre 14 y 18 años sujetos a proceso penal pueden recibir una medida de internamiento preventivo. Sin embargo, debido a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la sentencia máxima de internamiento, incluso por delitos graves como el homicidio, suele estar limitada a cinco años.
