AL AIRE
Efectivos de las fuerzas de seguridad y manifestantes se enfrentaron en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina durante una multitudinaria jornada de protesta para exigir al gobierno del presidente Javier Milei la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
La movilización, que constituyó la quinta Marcha Federal Universitaria organizada por centros de estudiantes, sindicatos docentes, agrupaciones políticas de oposición y movimientos sociales, transcurrió de manera pacífica hasta que se registraron disturbios en el perímetro de contención desplegado por las autoridades federales. Grupos de manifestantes arrojaron piedras y objetos del mobiliario urbano contra las líneas de la Gendarmería Nacional, a lo que las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y carros hidrantes para dispersar la zona.
«La norma contempla la actualización salarial docente con base en la inflación acumulada desde diciembre de 2023, la recomposición de becas y el presupuesto operativo universitario. Los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos y desafiar a las fuerzas de seguridad», declararon voceros sindicales y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.
Reportes oficiales del Ministerio de Seguridad Nacional confirmaron la detención de al menos 25 personas y lesiones en ocho efectivos policiales tras los operativos de despeje ejecutados por unidades de infantería y personal motorizado al término del acto central de la protesta.
A pesar de los incidentes en el vallado de contención, las actividades de la marcha continuaron a pocos metros de distancia, donde representantes gremiales denunciaron la pérdida de poder adquisitivo en el sector educativo. De acuerdo con datos del Centro de Investigación de Economía Nacional de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los recursos destinados a las casas de altos estudios registraron una contracción del 40.5 % en términos reales durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo de 2023, provocando la renuncia de cerca de 10,000 docentes e investigadores en los últimos tres años.
La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en agosto de 2025, fue vetada originalmente por el Poder Ejecutivo y posteriormente ratificada por la vía legislativa en octubre de ese mismo año. Pese a diversos fallos judiciales que conminan a su aplicación —incluyendo una resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia en junio pasado—, la normativa no ha sido instrumentada.
Por su parte, el vocero de la Presidencia, Adrián Ravier, sostuvo que el gobierno no incurre en un desacato de la ley, señalando que la norma se encuentra en fase de revisión técnica debido a que el texto aprobado por el Poder Legislativo no precisa las fuentes de financiamiento ni las partidas presupuestarias destinadas a cubrir los incrementos requeridos.
