AL AIRE
Todo indica que durante la gestión de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Instituto Nacional Electoral (INE), entre 2008 y 2023, se aprobaron normas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que habrían favorecido al oligopolio empresarial electoral de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
De acuerdo con documentos públicos, Jacobo Molina, quien ocupó durante 15 años el cargo más importante del Consejo General del INE, administró un presupuesto total de 211 mil 734 millones 150 mil 325 pesos y presuntamente destinó casi el 80 por ciento de las adjudicaciones directas de contratos con recursos públicos a un grupo reducido de empresas que conformaban la red de corrupción dentro del órgano electoral.
Según la misma información del instituto, no se trataba de un funcionario ajeno al diseño, aplicación y evolución de las disposiciones internas, ya que participó de manera directa en la elaboración y aplicación de reglamentos, lineamientos y procedimientos administrativos.
Apenas un año después de ingresar al organismo, en 2009, durante la presidencia de Leonardo Valdés Zurita, se aprobó el Reglamento en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Muebles y Servicios, que lo facultó directamente como secretario técnico para dictaminar adjudicaciones directas sin necesidad de pasar por el Comité de Adquisiciones. Asimismo, permitió contar con proveedores únicos para las compras y establecer costos adicionales, entre otras excepciones.
El 8 de julio de 2020, Jacobo Molina presentó ante el Consejo General del INE, presidido entonces por Lorenzo Córdova, como consta en la transmisión pública de la sesión, la propuesta del nuevo reglamento que comenzó a construirse en 2019.
De acuerdo con el artículo 21 de dicho ordenamiento, el INE debe contar con un comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios en los órganos centrales, así como con subcomités en los órganos delegacionales y subdelegacionales, encargados de dictaminar sobre la conveniencia de licitar en los procesos de compra. No obstante, el reglamento establece una excepción que permite al secretario ejecutivo realizar las licitaciones a su criterio, sin requerir justificaciones claras.
Un análisis de la normativa del organismo electoral reveló varias deficiencias, como la posibilidad de simular competencia, una acreditación documental insuficiente de los proveedores y la destrucción temprana de evidencia, además de la ausencia de filtros de parentesco, cruces de datos y la concentración de facultades, así como la elaboración de referencias de mercado a medida.
Contrataciones a modo
Esto confirmaría la existencia de un esquema de contrataciones diseñado específicamente para determinadas empresas, con el fin de ampliar su participación, desplazar competidores y concentrar adjudicaciones mediante sociedades relacionadas, representantes comunes o propuestas económicas que simulan competencia.
Asimismo, los documentos revisados indican que no se aplicaron restricciones frente a prácticas de colusión, simulación de competencia ni favoritismo hacia proveedores habituales.
Los registros públicos muestran también que, durante la presidencia de Lorenzo Córdova, las empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas fueron incorporadas formalmente al Catálogo General de Proveedores del INE, lo que facilitó su contratación en los organismos públicos locales y electorales (OPLE). Todo esto, avalado al parecer por los presidentes en turno del instituto, sobre todo en lo relativo a los materiales electorales y a los OPLE.
De igual manera, según los informes del Órgano Interno de Control del instituto, entre 2015 y 2023 se formalizaron 3 mil 835 contratos, de los cuales el 76 por ciento correspondieron a adjudicaciones directas, representando un total de 7,037 millones de pesos.
Funcionarios cercanos a las investigaciones señalan que la actuación de Edmundo Jacobo Molina, actualmente titular del Centro de Formación y Profesionalización Política del partido Somos, está siendo revisada minuciosamente para determinar si el diseño institucional que encabezó favoreció la consolidación de ciertos grupos empresariales.
