AL AIRE
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró este lunes que corresponderá al Congreso del Estado de Sinaloa designar a la persona que asumirá la gubernatura interina para concluir el periodo constitucional en la entidad, tras la nueva solicitud de licencia presentada por Rubén Rocha Moya.
En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal descartó el retorno del gobernador con licencia al cargo y precisó que no procede la declaración de desaparición de poderes en la entidad, por lo que la resolución recae de manera autónoma en el poder legislativo local.
Sheinbaum Pardo enfatizó que la facultad constitucional para nombrar la titularidad del Ejecutivo estatal corresponde a los legisladores locales, quienes deberán elegir a un perfil que garantice la estabilidad política y el desarrollo de las próximas etapas electorales.
Al respecto, la titular del Ejecutivo federal señaló que el Congreso de Sinaloa debe definir una gubernatura interina que encabece la administración hasta la conclusión del periodo en octubre de 2027. Subrayó que la prioridad institucional debe ser mantener la gobernabilidad en el estado y asegurar las condiciones de paz para los comicios ordinarios programados para junio del próximo año en la entidad y otras 16 entidades del país.
Asimismo, la presidenta manifestó que no tuvo conocimiento previo del intento de Rocha Moya por retomar sus funciones el pasado viernes, y consideró que en el ejercicio del servicio público los compromisos con la ciudadanía deben anteponerse a cualquier aspiración personal.
En relación con los señalamientos formulados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, Sheinbaum Pardo confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas las carpetas de investigación correspondientes.
La mandataria puntualizó que las indagatorias abarcan a las diez personas mencionadas por las autoridades estadounidenses, incluyendo al gobernador con licencia. Sin embargo, aclaró que la existencia de estas investigaciones no constituye una acusación judicial formal, ya que corresponde exclusivamente a la FGR, bajo la conducción de Ernestina Godoy, determinar si existen elementos probatorios suficientes para deslindar o imputar responsabilidades penales.
