AL AIRE
Un informe difundido por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) reveló que el desaparecido centro de detención de migración en Everglades, Florida, denominado «Alcatraz de los Caimanes», sometió a decenas de migrantes a confinamientos inhumanos dentro de pequeñas jaulas metálicas de 1.67 metros cuadrados, incumpliendo al menos seis normativas sobre derechos humanos y estándares federales de detención.
La investigación oficial confirmó que entre el 17 de julio de 2025 y el 18 de enero de 2026, al menos 79 personas detenidas fueron encerradas por lapsos de hasta dos horas en recintos de metal colocados a la intemperie y rodeados con alambre de púas, los cuales eran catalogados por la administración del recinto como «áreas de tranquilización» para la gestión emocional de los internos.
El documento fiscalizador precisa que el centro de detención, operativo entre el 3 de julio de 2025 y su posterior cierre el 25 de junio de 2026 incurrió en violaciones sistemáticas en materia de atención médica básica, nutrición, higiene y seguridad ambiental. Los reportes señalan que las personas bajo custodia permanecían en construcciones sin ventanas con menos de la mitad del espacio reglamentario, contando con solo tres horas de recreación y acceso a duchas por semana.
Ante los hallazgos descritos por la fiscalía interna como inhumanos, el Departamento de Seguridad Nacional rechazó aplicar las recomendaciones de corrección formuladas en el informe, limitándose a declarar mediante un comunicado que la infraestructura operaba bajo parámetros aprobados por administraciones previas, omitiendo fijar una postura sobre el uso de los habitáculos metálicos.
«La celda de retención busca proporcionar un lugar seguro en la población general para que los detenidos reflexionen sobre sus decisiones de conducta, gestionen sus emociones y reduzcan el estrés», justificaba la señalización oficial colocada en las estructuras cuestionadas.
La divulgación del informe coincide con un incremento en las disputas judiciales en torno a la política migratoria y electoral en Estados Unidos. En este ámbito, una coalición conformada por Nueva York y otros 21 estados presentó una demanda para frenar una nueva norma del DHS que busca denegar tarjetas de residencia (green cards) y visas a solicitantes que utilicen o puedan requerir apoyos sociales como Medicaid, cupones de alimentos o subsidios de vivienda.
