AL AIRE
Por Hugo Encinas
Los exconcesionarios del transporte público que se les canceló su derecho en el 2018, vía requisa, se reinstalaron de nuevo frente a Palacio de Gobierno al no llegar a un acuerdo contundente con las autoridades del Estado.
El gobernador Alfonso Durazo explicó que es un grupo menor del total de manifestantes que no aceptaron las condiciones que se les propuso en la mesa de negociación y que la mayoría, sí aceptó.
«No se definió en aquel momento, dijo, el monto a pagar y nosotros ofrecimos una cifra y ellos presentaron contra propuesta que representaría una erogación de 300 millones de pesos, que no es posible atender», comentó el mandatario.
Dijo que se hará un esfuerzo importante por atender, por orden de prioridad a aquellas personas que tenían una sola concesión y que por consecuencia representa su fuente de empleo.
“Ellos, considero, también deben entender que prevalecen limitaciones financieras que no permiten atender su demanda como tal”, explicó.
Destacó el gobernador Durazo que no hay por el momento posibilidad alguna de pagar la concesión como ellos lo piden de un millón y medio por cada concesión, y se les ofrece hasta 500 mil pesos o la posibilidad de incorporarse de nuevo al servicio, bajo las condiciones actuales.
Al respecto el secretario de gobierno, Álvaro Bracamontes Sierra, que ha estado al frente de la negociación, indicó que lo que se ofreció a los concesionarios, parte del grupo lo aceptó.
Señala que la restricción presupuestaria de todos conocidos no permite acceder a la demanda completa de parte del grupo manifestante; veremos también, agregó, quienes de ellos están en condiciones de reincorporarse a prestar el servicio en un nuevo modelo de transporte y posiblemente quienes no acepten las condiciones que se les ofrecen, optarán por la vida jurídica aunque ya hubo un fallo judicial en contra de ellos, de que la requisa del 2018 fue legal.
En total son 355 exconcesionarios de los cuales 55 aceptaron las condiciones que planteó el Estado y el resto mantiene su demanda de exigir hasta un millón y medio de pesos.
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