AL AIRE
La Cámara de Diputados aprobó ayer y envió al Senado una reforma constitucional en la que eliminó la obligación del Estado de conducir en solitario el proceso de transición energética –el paso de combustibles fósiles a métodos no contaminantes, además del uso de nuevas tecnologías–, tema que generó un debate ríspido entre los partidos mayoritarios y la oposición sobre la pertinencia de dicho ajuste, el cual implica que se llevará a cabo entre gobierno e iniciativa privada.
Luego de una sesión de 14 horas, Morena y sus aliados aprobaron en lo particular –con 350 votos a favor y 111 en contra–la iniciativa mediante la cual Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad recuperaron su estatus como empresas públicas del Estado.
Cerca de la medianoche del miércoles, cuando el pleno desahogaba las 260 reservas que se propusieron a la reforma, la morenista Ana Elizabeth Ayala Leyva subió a tribuna para proponer una serie de cambios al dictamen, entre los que destacaba omitir un párrafo que había propuesto el PVEM en comisiones, en agosto pasado, y no estaba contemplado en la propuesta original del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Jornada
