AL AIRE
Un bloque integrado por doce naciones occidentales entre las que destacan España, Francia, Reino Unido, Canadá, Suecia e Irlanda, anunció una acción diplomática y comercial coordinada para aplicar restricciones al comercio de bienes originarios de los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada, considerados ilegales bajo el derecho internacional.
A través de una declaración conjunta emitida en París, las cancillerías firmantes advirtieron sobre el deterioro de la seguridad en la región producto del avance de las colonias, la violencia ejercida por grupos de colonos y el desplazamiento forzado de comunidades palestinas, factores que vulneran las bases para la viabilidad de una solución negociada basada en la coexistencia de dos Estados.
Como parte del acuerdo multilateral, los países participantes comenzaron a instrumentar prohibiciones específicas para impedir la importación de productos elaborados en los territorios ocupados. La postura más drástica fue asumida por el Gobierno del Reino Unido, cuyo ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, confirmó el veto total a dichas mercancías en el mercado británico.
El jefe de la diplomacia del Reino Unido acusó a las autoridades israelíes de tolerar sistemáticamente los abusos cometidos contra la población local y señaló que integrantes del propio gabinete ministerial en Jerusalén han promovido discursos que incentivan la alteración demográfica en Cisjordania.
«Las autoridades israelíes han hecho la vista gorda ante los abusos cometidos en Cisjordania, mientras que algunos miembros del Ejecutivo han contribuido con sus declaraciones y acciones a fomentar el desplazamiento forzoso de palestinos», aseveró el ministro británico de Exteriores, Ed Miliband.
La iniciativa conjunta evidencia un distanciamiento entre el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu y diversos aliados occidentales, derivada de las políticas de expansión territorial en los territorios ocupados y el impacto de estas en la estabilidad geopolítica del Medio Oriente.
Los países suscribientes reafirmaron que la observancia del marco legal internacional y la detención inmediata de los asentamientos constituyen condiciones necesarias para frenar la escalada de violencia y preservar la posibilidad de un acuerdo de paz duradero en la región.
