AL AIRE
La tarde del sábado 1 de noviembre se volvió un episodio amargo, que marcó la memoria colectiva de Hermosillo, debido al incendio provocado por fallas eléctricas en un transformador privado al interior de una sucursal de la cadena Waldo’s en el centro de Hermosillo, Sonora, que dejó a 23 personas muertas y 12 heridos.
Desde mediodía, el centro de la ciudad se paralizó por la entrada y salida de ambulancias, bomberas y demás cuerpos de rescate por la explosión al interior de una tienda.
El informe del fiscal general de Justicia del Estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, fue sobre el saldo de 23 fallecidos a causa de la explosión, todo identificados por sus familiares, pero también sobre las primeras investigaciones para fincar responsabilidades.
“Los servidores son del ámbito municipal, del ámbito estatal y del ámbito federal, todas las personas servidoras públicas, que estén relacionadas con el evento, serán requeridos a comparecer ante el ministerio público y también como ya informó el jefe de la policía investigadora, ya iniciamos desde el primer día, las comparecencias”, aseguró Gustavo Rómulo Salas Chávez.
El Gobierno del Estado, anunció que a través de la comisión de Atención a Víctimas y de otros órganos públicos, se hará cargo del acompañamiento psicológico de los familiares de las víctimas, así como de toda la atención médica.
El Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dio a conocer que todavía se encuentran cuatro personas hospitalizadas, entre ellas, María Isabel una joven de 20 años, que fue trasladada a un hospital de Phoenix, Arizona para recibir atención especializada.
“No hablamos de cifras, no hablamos de daños materiales, hablamos de vidas perdidas, de familias que hoy caminan con un vacío que ningún consuelo puede llenar y cuando hay vidas de por medio, la única responsabilidad digna del Estado es llamar a las cosas por su nombre, el único lenguaje es la verdad, la verdad, aunque duela, la verdad, aunque incomode, la verdad, porque solo con ella, puede empezar la justicia”, recalcó Alfonso Durazo Montaño.
A raíz del hecho, anunció la separación del cargo del titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Armando Castañeda, por el tiempo que dure la investigación, con el propósito de evitar ser juez y parte en dicho proceso, al igual que el coordinador municipal, Fernando Morales.
El dirigente de la Federación de Abogados del Estado de Sonora, Juan Francisco Alcalá García, sostuvo que se debe de revisar la Constitución local, para conocer si el Congreso de Sonora acató los mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de garantizar seguridad después del incidente de ABC en 2009.
Dijo que, para fincar responsabilidades, se debe investigar la razón por la que la tienda no tenía inspecciones de instalaciones por autoridades desde el 2021.
“Ahorita fue un caso comercial, pero hubo muertos, hubo 23 fallecidos, hubo niñas y niños entre todo esto y tenemos que apoyar a las personas que ahorita más lo necesitan, sabemos que están en duelo debemos respetar este tiempo”.
La ciudadanía organizó una marcha en exigencia de justicia, donde participaron familiares de las víctimas, padres ABC, estudiantes y demás a fin de que se castigue a los responsables.
