AL AIRE
El gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, quien asumió el cargo el pasado 8 de diciembre de 2025 rompiendo con 20 años de hegemonía de Evo Morales y el partido MAS, enfrenta una severa crisis política y social marcada por bloqueos y protestas violentas concentradas principalmente en el departamento de La Paz.
De acuerdo con datos del diario boliviano La Razón, dicha región concentra actualmente 18 de los 22 bloqueos activos en todo el territorio nacional, teniendo como epicentro de las movilizaciones a la localidad de El Alto. Estas acciones afectan accesos clave a la capital y rutas hacia Oruro y los Yungas, lo que ha generado un creciente desabastecimiento de combustible, alimentos e insumos médicos, así como el incremento diario de precios en mercados y supermercados.
Las afectaciones del conflicto civil han impactado de lleno en los servicios públicos, provocando la paralización parcial de la recolección de basura en La Paz por falta de diésel y nafta, así como la suspensión de clases presenciales en algunas escuelas y universidades. Asimismo, el transporte terrestre nacional se encuentra interrumpido, dejando a miles de pasajeros varados y reduciendo la circulación de colectivos y minibuses. Este escenario paralizó los ingresos de la economía informal, afectando a comerciantes ambulantes y pequeños negocios por la falta de mercancías. La tensión ha escalado tras registrarse enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con reportes del uso de dinamita por parte de grupos mineros y ataques contra la infraestructura pública, incluyendo una línea del teleférico de La Paz.
Aunque las movilizaciones comenzaron por reclamos económicos vinculados a la inflación, la escasez de dólares y el desabastecimiento, escalaron hacia peticiones de renuncia contra el mandatario. El gobierno denuncia que las protestas son un intento de desestabilización impulsado por sectores sindicales afines a Evo Morales. Por su parte, los simpatizantes del expresidente afirman que las manifestaciones responden al deterioro del costo de vida, al tiempo que acusan persecución política tras dictarse una orden de captura contra Morales en una causa por presunta trata de personas y explotación infantil. El exlíder del MAS permanece refugiado en Cochabamba bajo la protección de sus bases, desde donde acusó a la administración actual de intentar detenerlo o asesinarlo.
Para contener la violencia y liberar las rutas estratégicas, el gobierno de Paz Pereira desplegó a más de 3,500 efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas, operativos que han dejado un saldo de personas detenidas. En el ámbito internacional, el gobierno de los Estados Unidos emitió un comunicado respaldando institucionalmente a la administración de Paz Pereira y denunciando las acciones de desestabilización, ya que Washington considera al mandatario boliviano como un aliado estratégico dentro de la región. Asimismo, el gobierno argentino de Javier Milei manifestó su apoyo político al presidente de Bolivia y envió ayuda humanitaria ante el riesgo de una crisis en la población.
