AL AIRE
La comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Congreso local aprobó por unanimidad un dictamen que busca imponer en Sonora penas de hasta 8 años de prisión a quienes utilicen o cobren la pensión del Bienestar para Adultos Mayores sin el consentimiento del beneficiario.
La propuesta, presentada por la diputada Alejandra López Noriega, plantea sanciones penales de 3 a 8 años de cárcel para quienes manejen estos recursos sin autorización, siempre que exista una denuncia.
«Lo que pasa, es que muchas veces les quitan la tarjeta, ni siquiera se las regresan, van y le dejan una parte del dinero o lo utilizan, o el tutor tiene la tarjeta, en ocasiones, hay quejas de personas que viven en los pueblos y va alguien a cobrar el dinero y no se lo dan completo».
López Noriega aseguró que hay adultos mayores en el estado que no pueden acceder a su dinero porque las tarjetas están en manos de familiares que no las usan para cubrir sus necesidades básicas.
El dictamen será votado en el pleno del Congreso local el próximo viernes, con el fin de implementar estos castigos en Sonora.
