AL AIRE
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como un «asunto político» la revocación de visas estadounidenses a ciudadanos y actores políticos mexicanos, entre ellos Andrés Manuel López Beltrán, señalando que este tipo de determinaciones no definen la posición ni la legitimidad de un nacional.
Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el gobierno de Estados Unidos no notifica al Estado mexicano sobre las cancelaciones de visas ordinarias, al considerarse un trámite de carácter privado entre la autoridad de ese país y el solicitante. Aclaró que esta dinámica solo aplica de forma distinta cuando se trata de visados de carácter diplomático u oficial.
«La visa no define a un mexicano o a una mexicana. Si Estados Unidos decide quitar una visa es una decisión de Estados Unidos», Definió la presidenta de México.
En relación con el caso de López Beltrán, la titular del Ejecutivo federal rechazó que la medida consular esté vinculada a investigaciones por contrabando de combustible o «huachicol fiscal». Al respecto, refirió que la Fiscalía General de la República (FGR) precisó que no existen elementos probatorios ni evidencias que justifiquen la apertura de un expediente penal en su contra, pese al señalamiento de un testigo dentro de una causa judicial.
La presidenta atribuyó estas acciones a dinámicas políticas y electorales internas en Estados Unidos de cara a los comicios de noviembre. Asimismo, confirmó que la postura del Gobierno de México ya fue transmitida al embajador de esa nación y por los canales diplomáticos correspondientes, precisando que esta divergencia no implica un distanciamiento entre ambas administraciones.
Finalmente, Sheinbaum Pardo cuestionó a actores políticos de oposición que buscan respaldo en el extranjero mediante firmas de relaciones públicas, comparando dichas acciones con las corrientes conservadoras del siglo XIX. La mandataria concluyó recordando que, conforme al artículo 39 de la Constitución Política, la soberanía radica en el pueblo y la validez de un servidor público depende del respaldo ciudadano y no de un documento migratorio.
