AL AIRE
La Asamblea de California, dominada por demócratas, aprobó el lunes una asignación de hasta 50 millones de dólares para proteger las políticas progresistas del estado ante los desafíos legales del gobierno federal.
La propuesta incluye 25 millones de dólares destinados al Departamento de Justicia estatal para hacer frente a batallas legales contra el gobierno federal, y otros 25 millones para que organizaciones legales defiendan a los inmigrantes en riesgo de deportación.
Las iniciativas fueron aprobadas siguiendo líneas partidistas, luego de que los demócratas de la Asamblea pospusieran una votación la semana pasada. Ahora, la medida se dirige al gobernador demócrata Gavin Newsom para su promulgación.
«No confiamos en el presidente Donald Trump», dijo el presidente de la Asamblea, Robert Rivas, antes de las votaciones, refiriéndose al gobierno de Trump como «fuera de control» y una amenaza a los derechos constitucionales.
El líder republicano James Gallagher calificó el plan como una treta política y una pérdida de tiempo en lugar de abordar los incendios forestales y el elevado costo de vida en el estado. En lugar de preparar para una lucha con Trump, «podríamos estar hablando de cómo podríamos hacer más increíbles las cosas», declaró.
En una reciente audiencia sobre la propuesta, el asambleísta demócrata Rick Chávez Zbur dijo que la medida es para «asegurarse de que, pase lo que pase a nivel federal… nuestro gobierno realmente esté protegiendo los derechos de las familias de California».
Newsom convocó a los legisladores a una sesión especial en noviembre para aprobar las propuestas. El eterno rival político de Trump dijo en ese momento que la elección del republicano como presidente planteaba una amenaza para las libertades de California y que el estado no «se quedaría de brazos cruzados» mientras él regresaba a la Casa Blanca.
Pero después de que estallaron los devastadores incendios forestales en la zona de Los Ángeles el mes pasado, Newsom amplió la sesión especial para también aprobar fondos de asistencia.
Newsom recibió el apoyo de miembros de ambos partidos en cuanto a sus propuestas para la asistencia por los incendios, y promulgó el paquete de ayuda por 2 mil 500 millones de dólares. Los fondos van destinados a la respuesta a desastres del estado, incluidas evacuaciones, albergues y eliminación de residuos peligrosos. Las leyes también incluyen 4 millones de dólares para que los gobiernos locales agilicen la reconstrucción de hogares, y 1 millón de dólares para apoyar a los distritos escolares y ayudar a reconstruir sus instalaciones.
El 24 de enero, Newsom recibió a Trump con un tono conciliador en Los Ángeles, donde el presidente recorrió la zona devastada. El estado necesita ayuda federal para recuperarse del desastre —asistencia que Trump ha dejado entrever que podría retirar si la entidad no reforma sus políticas sobre el uso del agua. Los legisladores federales por California han rechazado esa idea.
El asambleísta estatal republicano Bill Essayli, quien representa a parte de la región del Inland Empire en el sur del estado, dijo en una audiencia reciente que seguir adelante con la financiación para demandas era «increíblemente insensible».
«Ahora no sólo luchamos contra incendios, sino también contra deslaves, y deberíamos centrarnos en la recuperación, alivio y prevención de incendios forestales», puntualizó.
Los republicanos también han argumentado que la financiación era prematura, señalando que se dieron a conocer las propuestas incluso antes de que Trump volviera a la Casa Blanca.
La Legislatura había destinado alrededor de 6,5 millones de dólares anuales al Departamento de Justicia para defender al estado contra el gobierno federal durante la primera presidencia de Trump. Pero, en el transcurso de esos cuatro años, la agencia terminó superando por mucha esa cantidad.
California interpuso más de 120 demandas contra el gobierno de Trump durante su primer mandato, según la oficina del fiscal general. El estado gastó aproximadamente 42 millones de dólares en total en sus batallas legales contra el gobierno federal, oscilando entre los 2 y 13 millones de dólares al año. La mayoría de las demandas fueron en cuestiones ambientales y de inmigración.
La asambleísta Mia Bonta, que representa a Oakland, y otros demócratas han dicho que la nueva financiación ayudará al estado a brindar apoyo a las familias que viven con miedo debido a los aviones de Trump de llevar a cabo deportaciones a gran escala.
Hasta 2022, alrededor de 1,8 millones de inmigrantes vivían en California sin autorización legal para estar en el país, según una estimación del Pew Research Center.
