AL AIRE
Una movilización nacional fue convocada para este sábado 1 de agosto en la Ciudad de México y diversas entidades del país, tras la viralización en redes sociales de una convocatoria ciudadana que exige la cancelación de un convenio de cooperación hídrica entre el estado de Chihuahua y la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Mashav).
La marcha, impulsada inicialmente en la plataforma TikTok por la creadora de contenido @amigamagica, está programada para iniciar a las 09:30 horas. En la capital del país, el contingente marchará de la Estela de Luz con destino al Zócalo. De manera simultánea, se confirmaron concentraciones en Tabasco (de la Quinta Grijalva a la Plaza de Armas), Pachuca (del Reloj al Palacio de Gobierno), Ciudad Juárez (Monumento a Benito Juárez) y Jalisco (de la Avenida Juárez a la Plaza Liberación).
El origen de la protesta se centra en el cuestionamiento público al acuerdo pactado en 2023 por la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua —bajo la administración de la gobernadora María Eugenia Campos Galván—, el cual mantiene una vigencia proyectada hasta el año 2027.
El punto central del debate jurídico radica en la validez legal del instrumento internacional. En entrevista para el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Luis Andrés Rivera Levario, vocero de la organización civil Salvemos los Cerros de Chihuahua, reveló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un oficio formal donde confirma que, tras una búsqueda exhaustiva, no se localizaron instrumentos jurídicos vigentes celebrados entre el Gobierno de Israel y el estado de Chihuahua.
Esta omisión contraviene los artículos 6 y 9 de la Ley sobre la Celebración de Tratados, ordenamiento que establece la obligatoriedad de registrar todo acuerdo interinstitucional de carácter internacional ante la Cancillería y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid). Al carecer de dicho registro, la agrupación sostiene que el pacto opera en la opacidad e ilegalidad.
«Quedó en una situación en un limbo donde es imposible solicitar cuentas, ya que no existe jurídicamente», puntualizó Rivera Levario.
Además de los vacíos legales, los activistas advirtieron sobre los riesgos ambientales que implica la tecnología de desalinización y purificación por ósmosis inversa propuesta en el acuerdo, la cual consideran inadecuada para la geografía desértica del norte de México.
«En Chihuahua no hay mar. Lo que sí hay problema, por ejemplo, de desalinización, aquí hay pozos acuíferos que se están salinizando por el mal manejo precisamente y nos vienen a ofrecer una solución de alto riesgo donde el agua hipersalada de los procesos de purificación… (daña) la sanilización de los suelos», explicó Rivera.
El colectivo enfatizó que la atención a la crisis hídrica en Chihuahua no requiere de intervenciones tecnológicas extranjeras de alto impacto, sino de la protección estricta a las zonas naturales de recarga de los acuíferos, así como de una reestructuración profunda en el uso agrícola e industrial del agua. Ante este panorama, los manifestantes exigen a las autoridades deslindar responsabilidades y declarar la clausura definitiva del convenio.
