Expresa Claudia Sheinbaum solidaridad con víctimas de Tlatelolco

2 de octubre de 2026

Al cumplirse 58 años de los hechos registrados en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el Gobierno federal reiteró que la responsabilidad principal por la represión al movimiento estudiantil de 1968 recayó en el entonces presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Gustavo Díaz Ordaz, emitiendo un pronunciamiento de no repetición ante movilizaciones sociales.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional bajo la consigna «2 de octubre no se olvida», calificando la masacre de 1968 como uno de los acontecimientos más dolorosos en la historia contemporánea del país.

«Nuestra solidaridad siempre con quienes lo vivieron en ese momento, sus familiares, y nunca más. Nunca más una represión del Estado a un movimiento social», aseveró la presidenta.

La jefa del Ejecutivo federal recordó que al inicio de su gestión administrativa en 2024 se dio lectura a un comunicado oficial, publicado posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual el Estado mexicano reconoció formalmente la cadena de mando y la responsabilidad directa del entonces titular del Poder Ejecutivo en los actos de represión.

La mandataria señaló que dicha atribución de hechos fue asumida públicamente por el propio Díaz Ordaz en diversos momentos posteriores a la conclusión de su mandato presidencial, por lo que el pronunciamiento institucional busca consolidar la memoria histórica y el respeto a los derechos humanos.

Durante el encuentro con medios de comunicación, la titular del Ejecutivo expresó la solidaridad del Gobierno federal con los sobrevivientes del movimiento de 1968, así como con los familiares de las víctimas de la Plaza de Tlatelolco.

Asimismo, Sheinbaum Pardo enfatizó que la política de su administración mantendrá el compromiso explícito de garantizar el libre ejercicio de la manifestación pública y evitar el uso de las fuerzas de seguridad para la contención o represión de movimientos sociales en el país.

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