AL AIRE
El Gobierno de México formalizará una serie de denuncias penales ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y diversas fiscalías estatales de ese país, a raíz del fallecimiento de 17 ciudadanos mexicanos en operativos o dentro de centros de internamiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló en su conferencia matutina que esta acción legal busca esclarecer los hechos y exigir justicia por las recurrentes violaciones a los derechos humanos de los connacionales en el extranjero.
Entre los expedientes presentados destaca de forma prioritaria el caso de Lorenzo Salgado, un migrante mexicano que perdió la vida recientemente en Houston bajo circunstancias que la mandataria calificó como indignantes. El incidente ya se encuentra bajo indagatoria por parte de la alcaldía y las autoridades locales de dicha ciudad texana.
Durante su intervención, la jefa del Ejecutivo federal enfatizó que el país no puede limitarse al envío de correspondencia formal ante la gravedad de las muertes bajo custodia migratoria, rescatando el argumento central de la nueva estrategia jurídica de la Cancillería.
«Hoy la SRE va a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia de EU, las fiscalías estatales en EU, por el fallecimiento de 17 connacionales, entre ellos el último que fue prácticamente ultimado, se está realizando una investigación por parte de la alcaldía de Houston. (…) No podemos seguir solo con las cartas diplomáticas que no han dado resultados. Que haya una investigación del Departamento de justicia y las fiscalías estatales. Que se investiguen los hechos».
Como parte de esta ofensiva legal y diplomática, el Gobierno de México también remitirá una carta formal al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para solicitar su intervención directa en la supervisión de las condiciones de detención de los migrantes.
Sheinbaum Pardo descartó de manera tajante que la presentación de estas denuncias penales vaya a fracturar o alterar la relación bilateral con la administración estadounidense, confirmando que los acuerdos y la cooperación en materias estratégicas como el comercio y la seguridad fronteriza se mantienen intactos. Sostuvo que la protección de los derechos fundamentales es una obligación irrenunciable y que ser omisos ante estos decesos —en especial cuando se catalogan como suicidios sin dar explicaciones claras— resultaría inaceptable.
Finalmente, la presidenta hizo un llamado enérgico al Congreso de la Unión, a los partidos políticos y a la sociedad en general para cerrar filas en torno a este tema. Señaló que la defensa jurídica de los trabajadores en el exterior debe trascender cualquier diferencia ideológica y convertirse en una causa compartida por todas las fuerzas políticas de la nación, respaldando las gestiones iniciadas por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, quien ya sostuvo comunicación con el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, para notificarle formalmente sobre el curso de los procesos legales.
