AL AIRE
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina dejó sin efecto la suspensión judicial que pesaba sobre la derogación de la Ley de Tierras, permitiendo en la práctica la compra de terrenos rurales por parte de personas y corporaciones extranjeras sin los límites vigentes desde 2011.
El pronunciamiento del máximo tribunal, emitido este martes, desestimó la demanda interpuesta contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) promulgado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023, al considerar que la parte demandante carecía de legitimación procesal para promover el recurso.
La Ley de Tierras restringía al 15 % la titularidad de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, imponiendo topes adicionales en los ámbitos provincial y municipal, así como en zonas limítrofes. Tras la derogación impulsada por la administración de Milei, un tribunal federal había frenado la medida en marzo de 2024 ante una impugnación presentada por el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM).
Al resolver el expediente, la Corte Suprema aclaró que el fallo se fundamentó en la falta de habilitación técnica de la organización querellante, precisando que el pronunciamiento no supone una revisión directa sobre la validez constitucional del decreto. Sin embargo, analistas en derecho constitucional destacaron que la determinación habilita la adquisición ilimitada de propiedades rurales por parte de capitales internacionales.
Tras la notificación de la sentencia, la representación legal del CECIM manifestó su rechazo al fallo, señalando que la decisión judicial resuelve el frente legal del Ejecutivo y vulnera la soberanía sobre el territorio nacional.
La resolución judicial se produce semanas después de que el Gobierno nacional retirara del Congreso de la Nación un proyecto de ley que buscaba formalizar la flexibilización de la propiedad privada, debido a la falta de consensos parlamentarios con fuerzas aliadas y a las movilizaciones registradas en diversos sectores sociales.
