AL AIRE
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) inició un proceso de consulta pública que se mantendrá abierto hasta el próximo 21 de agosto para recibir opiniones, observaciones y propuestas sobre los nuevos lineamientos que regirán la protección de los derechos de las audiencias en radio y televisión. Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se detalló que este marco regulatorio busca definir obligaciones precisas para los concesionarios y garantizar el respeto a los usuarios de contenidos audiovisuales.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que las disposiciones derivan de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión para hacer efectivos los principios constitucionales vigentes desde 2013. Los lineamientos serán de cumplimiento obligatorio para concesionarias de televisión abierta, radio, servicios de audio y televisión de paga, así como para medios públicos, comerciales y comunitarios.
“Se definen con precisión los conceptos establecidos en la ley, para que no haya subjetividad ni discrecionalidad a la hora de interpretar dicha ley… El objetivo es que fortalezcamos el marco regulatorio en materia de medios de comunicación y garanticemos el respeto a los derechos de quienes consumen contenidos”, precisó la consejera jurídica.
Entre las principales obligaciones que establece el documento destacan la separación explícita entre información noticiosa y opinión —mediante el uso de mensajes, plecas o cortinillas informativas—, la diferenciación clara entre publicidad y contenido editorial, y la prohibición de difundir información falsa, descontextualizada o extemporánea presentado material histórico como actual. Asimismo, exige la incorporación de medidas de accesibilidad para personas con discapacidad y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
A la par de estos criterios editoriales, las concesionarias deberán contar con un código de ética público y nombrar de manera obligatoria al menos a una persona defensora de la audiencia. Esta figura deberá operar bajo principios de imparcialidad, objetividad e independencia, con la particularidad de que en medios comunitarios, indígenas y afromexicanos, la persona designada deberá pertenecer a la propia comunidad.
En caso de inconformidad, los ciudadanos podrán promover quejas ante las defensorías de cada medio, las cuales dispondrán de un plazo de 20 días para emitir una recomendación. Si el medio omite atender dicha resolución, el expediente podrá escalar ante la CRT, instancia facultada para intervenir y aplicar sanciones o multas en casos graves.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que la consulta pública de 20 días hábiles permitirá a especialistas, académicos, organizaciones civiles, empresas del sector y ciudadanía enriquecer el texto antes de su emisión definitiva.
De igual forma, la mandataria aclaró que la regulación aplica de manera exclusiva a las frecuencias de radio y canales de televisión, dejando fuera del alcance normativo a la prensa escrita y a las plataformas digitales. Sheinbaum Pardo acotó que la posible regulación de los entornos digitales o de la prensa impresa constituye un debate distinto que permanece a discusión de la sociedad.
