AL AIRE
La Autoridad Investigadora de la Comisión Nacional Antimonopolio inició una investigación de oficio para examinar la posible existencia de prácticas monopólicas absolutas o relativas en el fútbol profesional mexicano, derivado de los esquemas de afiliación, organización y acceso a las máximas categorías del balompié federado en el país.
El procedimiento tiene como objetivo evaluar las condiciones de competencia en el mercado de acceso a torneos profesionales, en el contexto de las restricciones de movilidad deportiva impuestas tras la eliminación del sistema de ascenso y descenso entre la Liga MX y la Liga de Expansión MX.
El cambio estructural en el torneo nacional comenzó en 2020 como una medida contingente adoptada por la Federación Mexicana de Fútbol para contener la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19, sustituyendo el antiguo Ascenso MX por la Liga de Expansión MX y suspendiendo temporalmente la movilidad entre divisiones. Sin embargo, para la temporada 2026-2027, las autoridades rectoras ratificaron la exclusión del ascenso y descenso de sus reglamentos oficiales, consolidando la clausura de la Primera División.
El análisis del órgano regulador antimonopolio se centrará en determinar si los requisitos vigentes operan como barreras anticompetitivas que impiden a nuevos inversionistas y clubes disputar un lugar en el máximo circuito en condiciones de equidad con las instituciones ya afiliadas.
De forma paralela a las indagatorias administrativas, diversos clubes de la división inferior mantienen litigios ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con el propósito de forzar la reinstauración del mérito deportivo para la promoción de categoría.
La fase indagatoria por parte de la autoridad reguladora contempla la recopilación de datos de mercado y la revisión integral del marco normativo del fútbol profesional en México.
En caso de comprobarse violaciones a la legislación en materia de competencia económica, el organismo antimonopolio cuenta con facultades para dictar medidas cautelares u ordenar la eliminación de las prácticas restrictivas, además de aplicar las sanciones administrativas correspondientes a las entidades involucradas.
