AL AIRE
El derrocado líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron este jueves por segunda vez ante la corte federal de Manhattan.
El centro del debate no fue aún la culpabilidad por los cargos de narcoterrorismo, sino una compleja disputa financiera para determinar quién pagará la defensa legal de la pareja ante las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos que bloquean el uso de fondos venezolanos.
Durante la audiencia, Maduro y Flores permanecieron sentados junto a sus abogados utilizando auriculares para la traducción y tomando notas ocasionales, mientras su defensa, encabezada por Barry Pollack, argumentaba que sus clientes no cuentan con recursos propios para costear el proceso. La defensa exigió que el Gobierno de Venezuela pueda sufragar los honorarios utilizando fondos extranjeros en los que Maduro alega tener un «interés patrimonial», una postura que chocó frontalmente con la fiscalía, la cual acusó a la pareja de haber «saqueado la riqueza de Venezuela» y de liderar durante 25 años un esquema de corrupción institucional para traficar miles de toneladas de cocaína.
El juez federal Alvin Hellerstein mostró una postura crítica hacia los fiscales, cuestionando la pretensión del Gobierno de EU de utilizar las sanciones como una herramienta de política exterior dentro de un proceso judicial. Aunque Hellerstein negó la petición de la defensa de desestimar el caso en este momento por la falta de pago, dejó la puerta abierta a reconsiderar su decisión si determina que la Administración Trump impide de manera arbitraria el derecho constitucional a una defensa técnica. El juez prometió emitir una resolución a la brevedad sobre este conflicto financiero antes de fijar una nueva fecha de audiencia.
Mientras la sesión se desarrollaba, el ambiente exterior reflejaba una división social sobre el caso. Desde las 6 de la mañana, ciudadanos venezolanos en Nueva York formaron filas para exigir que «caiga todo el peso de la ley» sobre el expresidente, enfrentándose verbalmente con grupos de manifestantes que abogaban por su liberación.
En Washington, el presidente Donald Trump aprovechó una reunión de gabinete para redoblar la presión, asegurando que «se van a presentar otros casos» contra el líder derrocado, mientras que en la Plaza Bolívar de Caracas, el partido oficialista y sus simpatizantes se concentraron para denunciar lo que consideran un secuestro y exigir la defensa de los derechos legítimos de la pareja.
