AL AIRE
México ocupa el tercer lugar en América Latina con el mayor porcentaje de mujeres de 18 a 29 años que sufrieron violencia sexual antes de cumplir los 18 (13%), solo detrás de Trinidad y Tobago (25%) y Granada (14%), según un informe de la OPS y Unicef.
El documento señala que estas agresiones ocurren en hogares, escuelas, comunidades e Internet, y que en la región existen factores que aumentan el riesgo, como la presencia de grupos armados que usan la violencia sexual o su amenaza para someter a los jóvenes.
También advierte que los adolescentes migrantes, especialmente niñas sin acompañante, tienen alto riesgo de ser víctimas de agresión sexual y trata por parte de la delincuencia organizada.
El reporte “Violencia contra niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe: Nuevos datos y soluciones” alerta que la violencia sigue siendo una grave amenaza para la vida, salud y bienestar de este sector.
Aunque los homicidios han disminuido, pasando de una tasa de 17.63 a 10.68 por cada 100 mil hombres de 15 a 17 años entre 2021 y 2022, siguen siendo altos. En las mujeres, la tasa se duplicó, de 2.13 a 5.1. Entre 2015 y 2022 se registraron 2,537 homicidios de mujeres y 13,731 de hombres de 15 a 17 años; y en jóvenes de 18 a 19 años, 2,958 y 25,549 respectivamente.
Según la ONU, estos delitos ocurren en contextos de creciente violencia, fácil acceso a armas de fuego y desigualdades sociales, lo que eleva el riesgo para los adolescentes.
Desprotección jurídica y vacíos legales
En cuanto a la violencia sexual, el informe señala que, aunque en los últimos años se han implementado reformas legales, aún hay países que carecen de las herramientas necesarias para garantizar una protección jurídica completa, y persisten vacíos en leyes que no prohíben el contacto sexual entre un adulto y un menor de edad sin penetración.
En otros casos, los plazos de prescripción impiden que las víctimas accedan a la justicia cuando ha pasado demasiado tiempo.
Chile, El Salvador y México son citados como ejemplos de países que han eliminado por completo este tipo de estatutos en casos de abuso sexual infantil, y se destaca que los planes de acción nacionales, como los de Brasil, El Salvador y México, son útiles para coordinar esfuerzos entre distintos sectores, pero solo resultan efectivos si cuentan con presupuestos adecuados y una formación apropiada para quienes los llevan a cabo.
