AL AIRE
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el Gobierno de México presentó el primer informe del Comité Científico sobre Soberanía Energética, un grupo multidisciplinario conformado por 54 expertos que evaluó la viabilidad y las condiciones para el aprovechamiento responsable del gas no convencional en el país.
El análisis técnico, coordinado por la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, se estructuró en cuatro comisiones especializadas: Ingeniería, Agua, Impacto y Planeación y Prospectiva. El diagnóstico busca trazar una ruta para reducir la alta dependencia energética de Estados Unidos, país del que actualmente se importa el 75% del gas natural consumido en el territorio nacional.
“Muchas veces nosotros nos opusimos al gas no convencional. ¿Qué cambia? Las nuevas tecnologías… Hoy el 70 por ciento de la luz que nos ilumina viene de gas no convencional, solo que no de México, sino de Estados Unidos. Hay que pensar en el gas no convencional, ¿cómo?, de manera responsable”, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum.
La investigadora Alma América Porres Luna precisó que el consumo nacional de gas natural alcanzó los 9.1 miles de millones de pies cúbicos diarios durante 2025, destinando el 58% a la generación eléctrica. Los estudios de prospección señalan que el potencial no convencional en México se estima en 141.5 billones de pies cúbicos, ubicados principalmente en las cuencas de Burgos, Sabinas-Burro-Picachos y Tampico-Misantla.
Como una de las principales determinaciones del comité, los científicos recomendaron prohibir categóricamente las actividades de extracción no convencional en la cuenca de Tampico-Misantla (ubicada entre Tamaulipas y Veracruz), debido a su elevada densidad poblacional y a la presencia de comunidades indígenas en la región.
Para las zonas donde la extracción resulte técnicamente viable, el informe estableció un decálogo de estrictas condicionantes ambientales, hídricas y sociales orientadas a blindar los ecosistemas y la salud pública.
- Protección del agua dulce: Se prohíbe de manera absoluta el uso de agua superficial o subterránea destinada al consumo humano o agrícola. La inyección para la fractura de rocas deberá emplear exclusivamente agua salada de formaciones profundas o aguas residuales, garantizando el reciclaje de al menos el 75% del recurso hídrico utilizado.
- Integración de acuíferos someros: José Antonio Hernández Espriú, investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, explicó que el proceso contempla la perforación de pozos exploratorios únicamente para estudiar las formaciones geológicas profundas y tomar muestras de agua salada. Precisó que durante la perforación se sellan mecánicamente los intervalos someros para garantizar la desconexión total con los acuíferos potables.
- Sustancias y aditivos: Queda restringido el uso de químicos tóxicos o nocivos para la salud y el medio ambiente, priorizando sistemas de circuito cerrado para el manejo de los fluidos de retorno.
- Licencia social y economía local: El protocolo exige la realización de consultas previas, libres e informadas con las comunidades asentadas en los polígonos de influencia, además de incentivar el desarrollo de cadenas de proveeduría regional.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Ejecutivo Federal asumió de manera íntegra las diez recomendaciones presentadas por el comité científico. Añadió que en un plazo aproximado de dos meses se informará sobre los avances de los estudios de factibilidad económica y la confirmación de volúmenes de agua salada en el subsuelo, elementos indispensables para determinar el costo por pie cúbico y evaluar la rentabilidad del proyecto frente al mercado internacional.
