La salud mental en los centros educativos podría recibir un impulso significativo gracias a una propuesta legislativa que busca integrar a Psicólogos en escuelas de nivel básico en Quintana Roo.
La iniciativa, promovida por la bancada del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del Estado, pretende reformar la Ley de Educación y la Ley de Salud Mental para garantizar atención integral y especializada desde los primeros años de formación escolar.
Uno de los principales objetivos de esta propuesta es asegurar que los estudiantes, así como los docentes y las familias, cuenten con el apoyo necesario para prevenir y tratar problemas de salud mental de manera oportuna.
“La inclusión de la salud mental en las políticas educativas, favorece a desarrollar y mantener y proteger a los niñas, niños y adolescentes, de tal manera que se puedan tener una vida saludable y creativa que les permita desempeñarse adecuadamente en familia, escuela y su comunidad”, comentó la diputada María José Osorio, una de las impulsoras de esta medida.
Actualmente, la legislación en Quintana Roo solo contempla la realización de campañas y programas de prevención, sin incluir la presencia de personal especializado en las escuelas.
La diputada Osorio subrayó que es fundamental atender trastornos que pueden presentarse desde edades tempranas, como la ansiedad, el déficit de atención con hiperactividad, el trastorno del espectro autista y la depresión.
La falta de intervención temprana podría afectar la capacidad de los niños y jóvenes para tener relaciones saludables y desarrollar habilidades adecuadas para la vida adulta.
La propuesta también señala que la incorporación de estos profesionales no generaría un gasto adicional para el Estado, ya que se contempla la firma de convenios con universidades que forman psicólogos.
De este modo, los estudiantes en prácticas podrían realizar sus servicios en los planteles educativos, apoyando así el desarrollo emocional y mental de los menores sin afectar el presupuesto.
En definitiva, esta medida podría marcar un cambio positivo en las políticas educativas del estado, fomentando una vida escolar más saludable y brindando un respaldo esencial para el bienestar de la comunidad educativa.
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