AL AIRE
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este lunes enviará al Congreso el denominado «Plan B», de la reforma electoral.
Esta nueva propuesta, que incluye modificaciones constitucionales, busca profundizar la política de austeridad republicana bajo la premisa de erradicar los privilegios en la estructura política del país.
El eje central del proyecto es establecer un tope máximo a los presupuestos destinados a los congresos locales y regidurías municipales. La mandataria señaló que existe una disparidad inaceptable en el costo por legislador, mencionó casos como el de Baja California, donde el gasto por diputado asciende a 34.8 millones de pesos, frente a los 5.1 millones en Colima. Según estimaciones presidenciales, este ajuste generaría un ahorro de aproximadamente 4 mil millones de pesos que no irían a la Federación, sino que se quedarían en sus respectivas entidades para financiar obra pública y necesidades locales.
«No puede haber excesos. El Plan B tiene que ver con seguir disminuyendo los privilegios«, sentenció Sheinbaum, cuestionando además el número excesivo de regidores y síndicos en municipios como Monterrey o Puebla, cargos que calificó como antiguas «cuotas» que el país ya no necesita.
Los pilares de la propuesta se componen en iniciativas que buscan una mayor inclusión ciudadana y ajustes en la democracia mexicana:
Se busca ampliar las consultas ciudadanas para que la población decida sobre temas electorales sensibles, como el presupuesto otorgado a los partidos políticos, propone ajustar este ejercicio democrático para que se lleve a cabo específicamente entre el tercer o cuarto año de gestión y gestionar un límite salarial y de plazas en ayuntamientos para reorientar recursos a infraestructura básica.
La presidenta enfatizó que su administración tiene el mandato ético de avanzar en la transformación del régimen. «Si no pasa, tampoco pasa nada, pero no se nos olvida de dónde venimos», concluyó.
