AL AIRE
En la recta final del proceso electoral, un juez de control de garantías de la ciudad de Medellín dictó una medida cautelar que prohíbe formalmente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, utilizar su cuenta personal en la plataforma X (antes Twitter), así como los canales institucionales de la Presidencia, para difundir mensajes con tintes político-electorales. La resolución judicial se emite a cuatro días de que se celebre la segunda vuelta presidencial entre el aspirante de derecha, Abelardo de la Espriella, y el candidato de izquierda, Iván Cepeda.
Al admitir un recurso de amparo promovido por un ciudadano, la autoridad judicial determinó que el mandatario incurrió en un presunto desacato frente a un dictamen previo del Consejo de Estado, el máximo tribunal contencioso-administrativo del país, el cual ya le había ordenado mantenerse al margen de la contienda. La nueva orden judicial mandata explícitamente al jefe de Estado a abstenerse de emitir propaganda o comentarios que busquen beneficiar o perjudicar la imagen de cualquiera de los dos contendientes, restricción que estará vigente hasta las 16:00 horas del próximo domingo, momento en que concluirá la jornada de votaciones.
Además del bloqueo en redes sociales y medios de comunicación oficiales, la sentencia prohíbe al Ejecutivo federal realizar cualquier alusión al escenario electoral de cara al balotaje durante eventos de carácter público, ya sea en el ámbito nacional o en giras internacionales.
La restricción legal se produce luego de que el presidente Petro intensificara sus publicaciones y lanzara reiteradas críticas indirectas hacia el candidato Abelardo de la Espriella, señalando en sus discursos que ciertos actores de la campaña incurrían en delitos al orquestar una supuesta persecución política en contra de las facciones de izquierda.
En respuesta al fallo del juzgado de Medellín, el mandatario fijó su postura durante una sesión del consejo de ministros transmitida por televisión abierta, donde defendió sus intervenciones bajo el argumento de que sus declaraciones no constituían proselitismo, sino el cumplimiento de un mandato institucional. Petro aseveró que su única intención al aludir a los candidatos presidenciales ha sido señalar conductas presuntamente ilícitas, sosteniendo que, en su calidad de primer servidor público de la nación, posee la obligación legal y constitucional de denunciar cualquier irregularidad ante la opinión pública.
