AL AIRE
En Argentina, un juez federal suspendió este lunes de manera parcial la reforma laboral promulgada por Javier Milei, que había sido aprobada por el Congreso apenas en febrero. La medida cautelar surge tras un recurso de amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central obrera del país, bajo el argumento de que la normativa vulnera principios constitucionales fundamentales.
El magistrado Raúl Ojeda dispuso la suspensión de aproximadamente 80 artículos de los más de 200 que integran la ley, hasta que se resuelva la cuestión de fondo. En su fallo, el juez instó a que tanto el Estado como la central sindical procuren llegar a una sentencia definitiva a la brevedad y en un marco de paz social, buscando mitigar el clima de tensión tras las recientes huelgas generales y protestas que rodearon la aprobación de la reforma en el Senado.
La decisión judicial frena cambios estructurales que el Gobierno considera esenciales para la modernización económica, pero que los sindicatos califican como un retroceso en derechos adquiridos. Entre los puntos congelados destacan la reclasificación de trabajadores de plataformas digitales como independientes y la derogación de la ley de teletrabajo, así como la eliminación del principio «in dubio pro operario», el cual establece que, en caso de duda, la justicia debe fallar a favor del trabajador. Asimismo, quedaron sin efecto temporal las modificaciones en el régimen de indemnizaciones, la creación de fondos de cese laboral y los cambios previstos en la jornada de trabajo, las vacaciones y diversos artículos en materia de huelga que la CGT considera un ataque al sistema de protección y a la progresividad laboral.
Mientras la CGT proclama la medida como una defensa necesaria ante una normativa que consideran inconstitucional, el gobierno de Milei sostiene que estos cambios son la única vía para atraer inversiones y dinamizar el mercado de trabajo en un contexto de crisis. Por ahora, el grueso de la reforma laboral permanece en un limbo legal, a la espera de que los tribunales decidan si las modificaciones propuestas respetan la Carta Magna argentina o si representan una regresión prohibida en materia de derechos sociales.
