AL AIRE
Un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, determinó vincular a proceso penal al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas cometida por servidores públicos, en relación con los hechos ocurridos con los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Tras una audiencia de más de 14 horas de debate, la autoridad judicial consideró que los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) son suficientes para presumir la participación del exmandatario en el ocultamiento y la destrucción de evidencias sobre lo acontecido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Asimismo, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que Aguirre Rivero permanecerá interno en el penal del Altiplano, fijándose un plazo de 120 días para el cierre de la investigación complementaria.
La imputación de la FGR se fundamenta en los testimonios de dos exservidoras públicas del Poder Judicial de Guerrero, Blanca «N», exvisitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJG), y Lambertina «N», expresidenta de dicho organismo. De acuerdo con la acusación, la noche del 29 de septiembre de 2014, Blanca «N» habría entregado a Aguirre Rivero en la oficina de la gubernatura un sobre que contenía un disco con las grabaciones de las cámaras ubicadas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala.
Dichas imágenes registraban el momento en que un autobús con estudiantes normalistas arribó al lugar escoltado por personas armadas y agentes policiales, quienes obligaron a los alumnos a trasbordar a otra unidad que posteriormente se retiró con rumbo desconocido. Según la representación social, el exgobernador habría instruido la entrega de dicho material al entonces procurador estatal, Iñaki Blanco, para su posterior destrucción, ordenando asimismo borrar cualquier otra evidencia con el objetivo de encubrir presuntos vínculos de su entorno cercano con el grupo delictivo Guerreros Unidos.
Durante la diligencia, la defensa del exgobernador presentó 31 datos de prueba orientados a desvirtuar la acusación. Entre los argumentos expuestos, se señaló que el 29 de septiembre de 2014 el exmandatario se encontraba en la Ciudad de México sosteniendo una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, postura con la que sostuvieron que no fue posible que recibiera ni ordenara la destrucción del material audiovisual en territorio guerrerense.
El juez de control rechazó desestimar el caso en esta etapa procedimental, al considerar que los elementos presentados por la defensa no resultaron determinantes para descreditar la hipótesis planteada por el Ministerio Público Federal. Durante la resolución, el impartidor de justicia reclasificó el tipo penal de desaparición forzada de personas a desaparición forzada cometida por servidores públicos.
Por su parte, la representación legal de Aguirre Rivero adelantó que insistirá en solicitar la modificación de la medida cautelar para que el imputado continúe su proceso bajo prisión domiciliaria, aludiendo a su estado de salud y a sus 70 años de edad.
