AL AIRE
Por Mary Montijo
El Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no permitirá que personas denunciadas por violencia familiar, ocupen un cargo público con la entrada en vigor de la Ley 3 de 3.
Rafael Acuña Griego, presidente de la institución, explicó que el Supremo cuenta con información de todas las sentencias dictadas a personas con denuncias de violencia familiar y aquellas con delitos sexuales, que son deudores alimentarios y agresores, para que no tengan un puesto público.
“Hay una interrelación muy efectiva entre el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y la Fiscalía General del Estado de Sonora, ellos tienen información de absolutamente todas las sentencias que se dictan o que son parte dentro de los procedimientos, desde que se inicia el procedimiento saben de la orden de aprehensión, saben de la resolución que vincula a procedimiento y de las sentencias que se dictan”, detalló Acuña Griego.
La Ley 3 de 3 aprobada por el Senado de la República en abril del 2023, obliga a funcionarias, funcionarios públicos y aspirantes a cargos de ese tipo, a no tener denuncias en su contra por delitos sexuales y violencia; en caso de que estas personas tengan un cargo público, serán suspendidas.
