AL AIRE
La captura de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero, representó un golpe estratégico contra una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Sin embargo, más allá de su impacto inmediato, el hecho volvió a poner en el centro del debate público el origen de las armas que abastecen al crimen organizado en México.
El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó en la conferencia del 23 de febrero que en lo que va de la actual administración se han asegurado más de 23 mil armas, de las cuales cerca del 80% provienen de Estados Unidos. Esa misma proporción se observó en el operativo de Tapalpa, lo que coincide con estimaciones de autoridades mexicanas y estadounidenses.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que muchas de las armas que cruzan la frontera son de alto calibre y, en ocasiones, de uso militar, lo que las convierte en un recurso clave para los cárteles. Investigaciones del International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) y The New York Times documentaron que grupos criminales han utilizado municiones calibre .50 fabricadas en la planta Lake City Army Ammunition Plant, que produce cartuchos para el Ejército estadounidense y también para el mercado civil.
Ejemplo de ello fue el ataque en Villa Unión, Coahuila, en 2019, donde se hallaron casquillos de ese calibre con la marca “Lake City”. Según la ATF, desde 2012 se han incautado más de 40 mil cartuchos calibre .50 en estados fronterizos, y un tercio provenía de esa planta. Entre 2019 y 2024 las incautaciones aumentaron de manera significativa.
Expertos advierten que este tipo de munición puede perforar blindajes y alcanzar objetivos a más de un kilómetro y medio, lo que altera el equilibrio en enfrentamientos contra fuerzas de seguridad.
En este contexto, Sheinbaum ha insistido en que el combate al tráfico ilícito de armas debe asumirse como una responsabilidad compartida: “Así como nosotros colaboramos para evitar la entrada de drogas, ellos tienen que colaborar para evitar la entrada de armas a México”.
El tema ha sido planteado incluso en conversaciones directas con el presidente estadounidense Donald Trump, dentro de una agenda más amplia que incluye comercio, migración y lucha contra el narcotráfico. Para México, el flujo de armas hacia el sur es un factor estructural de la violencia, mientras que el consumo de drogas en el norte completa una dinámica transnacional que exige soluciones coordinadas.
En 2021, México presentó demandas en tribunales de Estados Unidos contra fabricantes y distribuidores de armas, argumentando que sus prácticas comerciales facilitaban el tráfico ilícito. Sin embargo, la Suprema Corte estadounidense resolvió que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) otorga inmunidad a los fabricantes, revocando fallos previos que habían permitido avanzar el litigio.
La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su desacuerdo y aseguró que seguirá explorando vías legales y diplomáticas. Recordó además que existe una segunda demanda en curso en Tucson, Arizona, contra tiendas distribuidoras.
El operativo en Tapalpa volvió a evidenciar el poder de fuego de los cárteles. La ATF estima que cada año se trafican ilegalmente unas 200 mil armas desde Estados Unidos hacia México, muchas de ellas utilizadas en homicidios y enfrentamientos contra fuerzas federales.
Para el gobierno mexicano, reducir la violencia implica no solo operativos internos y decomisos, sino también frenar el flujo de armamento desde el exterior, en una estrategia que combina seguridad, diplomacia y cooperación bilateral.
