AL AIRE
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha emitido una acusación formal, señalando directamente a miembros del gobierno de México como operadores y colaboradores de actos ilícitos. El fiscal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, anunciaron cargos por narcotráfico y delitos conexos con armas contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros ocho funcionarios y exfuncionarios estatales. La justicia estadounidense sostiene que los señalados se asociaron con la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa para facilitar la distribución de narcóticos, alegando incluso que la organización criminal habría intervenido en las elecciones de 2021 mediante el robo de urnas e intimidación de candidatos.
Ante la solicitud de detención provisional con fines de extradición notificada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara, confirmó la recepción del documento, pero aclaró que la solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes sobre las imputaciones. La FGR informó que analizará la documentación bajo estrictos protocolos de legalidad para establecer si la acusación cuenta con fundamento bajo las leyes mexicanas. La institución subrayó que la extradición solo se concederá si se determina que las pruebas son suficientes conforme a la normatividad vigente en México, además de recordar que, debido a la inmunidad procesal del gobernador y el senador, se requeriría iniciar un juicio de procedencia previo a cualquier acción judicial.
La crisis surge en un momento marcado por la retórica del gobierno de Donald Trump y su presión para aceptar ayuda militar en territorio mexicano, propuesta que la administración de Claudia Sheinbaum ha rechazado en defensa de la soberanía nacional. La acusación se cimenta, según analistas, en información proporcionada por criminales extraditados anteriormente, lo que coloca al Gobierno de México ante una compleja disyuntiva política y diplomática en plena renegociación del T-MEC y vísperas el mundial compartido de la FIFA.
A través de sus redes sociales, el gobernador Rocha Moya negó los cargos y aseguró estar tranquilo, al mismo tiempo, la oposición ha comenzado a solicitar la disolución de poderes en Sinaloa, estado que padece una ola de violencia por pugnas internas del narcotráfico.
La lista de imputados que acompañan al gobernador y al senador incluye a Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro, Marco Antonio Almanza, Alberto Jorge Contreras, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
