AL AIRE
De acuerdo con un informe elaborado por el grupo defensor de los derechos del consumidor Public Citizen, la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha nombrado a 57 colaboradores con un patrimonio neto de al menos 100 millones de dólares. Esta cifra supera por más de cuatro veces el total combinado de funcionarios con ese mismo nivel de riqueza registrados durante los mandatos de sus tres antecesores inmediatos.
El estudio detalla que la lista de colaboradores ultrarricos incluye a 17 embajadores y 40 funcionarios en puestos directivos del Poder Ejecutivo. Dentro de la estructura del gabinete, ocho de sus 23 integrantes pertenecen a este segmento económico, destacando figuras como el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y la titular del Departamento de Educación, Linda McMahon.
Entre los funcionarios identificados por el reporte con patrimonios superiores a los 100 millones de dólares destacan, en la estructura del gabinete y agencias clave, el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg; la titular de la Administración de Pequeñas Empresas, Kelly Loeffler, y el enviado especial Steve Witkoff.
En el contexto histórico de Estados Unidos, la práctica de incorporar a grandes empresarios al gabinete cuenta con antecedentes representativos como el de Andrew Mellon, magnate bancario, petrolero y del aluminio que encabezó la Secretaría del Tesoro durante la década de 1920 bajo tres administraciones presidenciales.
En términos comparativos, el informe de Public Citizen señala que durante los gobiernos de George W. Bush y Joe Biden se contabilizaron cinco integrantes con un patrimonio igual o superior a los 100 millones de dólares en cada uno, mientras que en la administración de Barack Obama se registraron tres.
El presidente Donald Trump ha justificado recurrentemente la incorporación de perfiles con alto patrimonio económico como una valoración a su éxito financiero en el sector privado. No obstante, analistas y autores del informe advierten sobre el impacto de esta composición en la toma de decisiones públicas.
Lisa Gilbert, copresidenta de Public Citizen, señaló que una presencia predominantemente alta de la élite económica en puestos clave de gobierno genera interrogantes sobre los incentivos de la gestión pública y la atención a los sectores de ingresos medios y trabajadores.
