AL AIRE
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que su gobierno espera que se aplique la ley y se haga «justicia» en el proceso penal que enfrenta el excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Fernando Farías Laguna, señalado por su presunta responsabilidad en la conducción de una red de contrabando de combustible conocida como huachicol fiscal.
La postura del Ejecutivo federal se produjo tras la llegada a México de Farías Laguna, quien fue trasladado desde Argentina a solicitud del gobierno mexicano y actualmente permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano.
La presidenta Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con una carpeta de investigación sustentada con elementos probatorios presentados por las autoridades navales. Explicó que las indagatorias comenzaron a partir de una denuncia inicial interpuesta por el anterior titular de la Semar, la cual fue posteriormente ampliada por el actual titular de la dependencia.
Entre los antecedentes clave de la investigación, la mandataria destacó la localización en Tampico de un buque cargado con hidrocarburos que pretendía ingresar a territorio nacional mediante declaraciones falsas sobre la naturaleza de su carga. Sheinbaum señaló que a partir de ese hallazgo se identificó una red de distribución de combustible introducido de manera ilícita, procedente de Estados Unidos y con operaciones detectadas en cinco entidades del país.
La jefa del Ejecutivo aclaró que la carpeta de investigación no se limita a exmandos de las Fuerzas Armadas, sino que abarca una estructura más amplia en la que participan empresarios y particulares.
Al respecto, la mandataria detalló que las acciones judiciales iniciadas en 2025 han derivado en la detención de varios implicados, mientras que contra otros presuntos integrantes de la red se han tramitado solicitudes de extradición ante el gobierno de Estados Unidos. Finalmente, Sheinbaum reiteró su confianza en la FGR y enfatizó que la conducción del caso debe apegarse estrictamente a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
