AL AIRE
Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentaron una iniciativa de reforma constitucional que establece como requisito obligatorio que cualquier aspirante a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México posea de manera exclusiva la nacionalidad mexicana.
El proyecto de decreto busca modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley de Nacionalidad, a fin de regular de forma explícita las condiciones relativas a la doble ciudadanía para los titulares de los ejecutivos federal y estatales.
En primer término, la propuesta al artículo 82 constitucional estipula que para buscar la Presidencia se requerirá ser ciudadano mexicano por nacimiento, hijo de padre o madre mexicanos, y haber residido en el país al menos 20 años. En caso de contar con una segunda nacionalidad, la persona aspirante deberá presentar formalmente su renuncia a la ciudadanía extranjera ante las autoridades correspondientes antes de solicitar su registro como candidata o candidato.
Asimismo, la reforma prohíbe explícitamente que quien ejerza el cargo adquiera o solicite otra nacionalidad, use pasaportes expedidos por estados extranjeros, ejerza derechos políticos en otros países o invoque protección diplomática exterior. Las contravenciones a estas disposiciones serán sancionadas conforme a lo establecido en el Título Cuarto de la Constitución. La Consejería Jurídica detalló además que las reformas a la Ley de Nacionalidad fijarán los procedimientos legales de renuncia coordinados entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y las autoridades nacionales y extranjeras.
La presidenta Sheinbaum Pardo explicó que el objetivo central de la iniciativa es asegurar que la lealtad e interés supremo de quienes encabecen los gobiernos en México estén orientados exclusivamente al bienestar nacional, evitando conflictos de interés o invocaciones de soberanía extranjera.
La mandataria puntualizó que la redacción vigente de la Carta Magna no delimitaba con claridad el momento ni la obligación de renunciar a una segunda ciudadanía al buscar una candidatura ejecutiva. En su intervención, enfatizó que la conducción del Estado requiere garantizar que los gobernantes no mantengan compromisos o derechos de ciudadanía con potencias exteriores, protegiendo así la soberanía e impidiendo injerencias de gobiernos extranjeros en los asuntos internos del país.
