AL AIRE
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un proceso de verificación sobre las dinámicas de cobro de la empresa Ticketmaster y otras boleteras que operan en el país, luego de que en la conferencia matutina de Palacio Nacional se reportaran inconsistencias e incrementos no notificados en los cargos por servicio aplicados a la venta de entradas para espectáculos.
El titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, explicó que las comisiones administrativas y los cobros por organización de eventos son legalmente válidos únicamente si se desglosan de forma clara y transparente antes de que el usuario autorice la transacción financiera.
La dependencia precisó que la irregularidad administrativa surge cuando la plataforma anuncia un costo inicial de entrada y añade cargos obligatorios de manera posterior, sorprendiendo al comprador al momento de concretar la transacción.
Para garantizar el cumplimiento de la norma, la Profeco recordó que las plataformas de comercio electrónico deben exhibir información detallada que permita identificar los siguientes rubros:
- El precio base del boleto ofrecido al público.
- Los cargos por servicio y la distribución de comisiones.
- Los costos administrativos o de procesamiento bancario.
- El importe final exacto que será retenido de la cuenta del usuario.
- Las condiciones estipuladas en el contrato digital de compra.
Asimismo, Escalante Ruiz señaló que la institución ha emitido requerimientos por escrito a diversas boleteras para exigir la publicación transparente del costo total desde la primera etapa de selección del asiento, equiparando este estándar informativo con el que aplica la industria turística al desglosar vuelos, equipaje y servicios adicionales.
«Estos cargos son legales siempre y cuando se informe a las personas consumidoras cómo está integrado el precio final. Si el cargo no se notifica antes de realizar el pago, está mal y tendría que revisarse», enfatizó el procurador.
La revisión emprendida por la Profeco coincide con la discusión legislativa en la Cámara de Diputados de una propuesta de reforma al artículo 76 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La iniciativa busca prohibir la práctica comercial conocida como drip pricing o «precio por goteo», mediante la cual las plataformas digitales añaden tarifas y comisiones de forma gradual durante la navegación del usuario.
