AL AIRE
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó este domingo que la Policía Nacional estará facultada para ingresar a las instalaciones universitarias del país en casos que involucren hechos de violencia, vandalismo o actos de terrorismo.
Durante un mensaje transmitido a través de sus canales oficiales, el mandatario sostuvo que la autonomía de los centros educativos no puede situarse por encima de la legislación ni representar una excepción a la jurisdicción del Estado en materia de seguridad ciudadana.
Como parte de esta estrategia, el Ejecutivo colombiano alista un protocolo normativo diseñado para categorizar las manifestaciones pacíficas y distinguirlas de aquellas acciones flagrantes que vulneren el orden público, pongan en riesgo a la población o impliquen agresiones materiales. Bajo este esquema, la Policía operará como el organismo primario para intervenir en los campus cuando se detecte la preparación o ejecución de incidentes violentos.
La normativa busca garantizar el resguardo a las movilizaciones ciudadanas pacíficas enmarcadas en la ley, al tiempo que combate las agresiones contra la fuerza pública, la población civil y la infraestructura. Asimismo, las autoridades enfocarán sus acciones en impedir el almacenamiento de materiales destinados a la violencia, asegurando la protección de la comunidad estudiantil dedicada a la actividad académica y buscando restablecer a las universidades como recintos exclusivos para el conocimiento, el debate y el intercambio de ideas.
«La autonomía universitaria no está por encima del orden público, ni significa autonomía en materia de orden público ni convierte a los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado», afirmó el presidente.
El Ejecutivo recalcó que la medida persigue resguardar las garantías de los estudiantes enfocados en el aprendizaje y el debate democrático, al tiempo que advirtió que no se tolerará la utilización de la infraestructura universitaria como refugio o punto de preparación de atentados.
Con este anuncio, la administración estatal busca definir los límites de la intervención pública en los establecimientos de educación superior, reiterando que la protesta social pacífica se mantendrá garantizada siempre que no derive en alteraciones extraordinarias de la seguridad.
