AL AIRE
Derivado de la investigación iniciada en 2022 por la autoridad antimonopolio contra las empresas de los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, se han emitido al menos 69 notificaciones para que estas firmas respondan por irregularidades relacionadas con “la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de los procedimientos de contratación pública para la adquisición de material y documentación electoral”.
Según la lista de notificaciones de la Comisión Nacional Antimonopolio, que incluye las de la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el último oficio data del 22 de octubre pasado.
Los documentos están dirigidos a los representantes de Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, y Diseño, Reconstrucción y Comunicación, todas vinculadas a los empresarios Hernández Casillas y a contratos con el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales electorales (Oples).
La investigación comenzó el 7 de julio de 2022, durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el INE, bajo el expediente IO-003-2021, según publicó el Diario Oficial de la Federación, abarcando desde esa gestión hasta la de la ex consejera presidenta Guadalupe Taddei.
Desde el inicio del procedimiento, se establece que la Cofece “tuvo conocimiento de hechos que podrían derivar en la posible realización de conductas constitutivas de prácticas monopólicas absolutas, según lo previsto en el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica”.
Las notificaciones publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el portal de la Comisión Nacional Antimonopolio indican que los oficios fueron enviados a los representantes de las empresas involucradas, destacando que el nombre de Raymundo Francisco Hernández aparece en al menos seis de ellos.
En el oficio más reciente, fechado el 22 de octubre y dirigido a la red de empresas de los hermanos Hernández, se les solicita que “manifiesten lo que a su derecho convenga respecto a las diligencias probatorias adicionales”, las cuales deberán llevarse a cabo, aunque no se especifica en qué etapa se encuentra actualmente la indagatoria.
Competencia simulada
El viernes pasado, el titular del órgano interno de control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó a la Cámara de Diputados que a la red de empresas señaladas por una presunta concentración de mercado se les atribuyen prácticas como la simulación de competencia entre proveedores en los procesos de licitación de material electoral y el control de los precios de estos productos.
Señaló que, dentro de la serie de contratos otorgados a estas firmas, se detectaron, entre otras irregularidades, modificaciones en el objeto social días antes de una licitación, deficiencias en las investigaciones de mercado para la asignación de contratos y colusión para inflar artificialmente los precios.
Además, destacó que el mercado electoral va más allá del INE, ya que, junto con los Oples, esta red de empresas acumuló contratos por un total de 2 mil 461 millones de pesos.
