AL AIRE
El Banco de México (BdeM) dio a conocer la consolidación de un mecanismo de rastreo dentro del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) destinado a identificar y supervisar los flujos de remesas que ingresan y salen del país, con el objetivo de fortalecer los controles de prevención de lavado de dinero en las instituciones financieras.
De acuerdo con el Informe anual sobre infraestructuras de los mercados financieros 2025, publicado por el instituto emisor, esta herramienta permite asignar un marcador específico a las transferencias asociadas al envío de divisas, facilitando a los bancos el seguimiento del origen y destino de los fondos convertidos a moneda nacional.
El esquema distingue entre remesas entrantes y salientes, correspondientes a los envíos que clientes en el territorio nacional transfieren hacia el extranjero a través de las instituciones participantes.
Durante el ejercicio de 2025, la modalidad de remesas salientes registró el mayor dinamismo en el sistema, alcanzando en diciembre un pico de 596 mil transferencias por un monto de 4 mil 400 millones de pesos. A pesar del crecimiento sostenido en este rubro, las operaciones representaron un promedio del 0.11 % del volumen total procesado por el SPEI.
En el acumulado anual de 2025, el 50.4 % de los envíos de divisas a México por medios electrónicos se cobró mediante depósito en cuenta bancaria (30 mil 866 millones de dólares), mientras que el 49.6 % restante se entregó en efectivo (30 mil 331 millones de dólares). Son únicamente los recursos canalizados por la vía bancaria los susceptibles de integrarse al marcador digital del BdeM.
«El mecanismo de trazabilidad permite que las instituciones financieras cumplan con las obligaciones existentes en materia de control y prevención de lavado de dinero», precisó el Banco de México en su informe de infraestructura financiera.
En el ámbito de la fiscalización del sistema de pagos, el BdeM informó que durante 2025 llevó a cabo nueve auditorías a siete bancos y dos entidades de fondos de pago electrónico para verificar esquemas de seguridad informática y gestión de riesgos, derivando en la imposición de 338 sanciones a 81 instituciones por diversas inconsistencias operativas.
