AL AIRE
Durante los dos primeros años de la actual administración federal, un total de 53 servidores públicos han sido vinculados a proceso penal tras incurrir en delitos vinculados a actos de corrupción, informó la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), Raquel Buenrostro Sánchez.
Durante la presentación del informe de gestión del sector en la conferencia matutina efectuada en Palacio Nacional ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria destacó que la estrategia preventiva del gobierno federal ha permitido evitar sobrecostos y proteger cerca de 83 mil 800 millones de pesos del erario.
«En estos dos años de gobierno, la Secretaría ha logrado participar para generar ahorros de prevención de casi 84 mil millones de pesos. El enfoque de la dependencia ha privilegiado la prevención de actos de corrupción, al considerar que permite corregir irregularidades antes de que representen un mayor costo para el erario», afirmó.
En materia de fiscalización, el reporte de la SABG detalla que se ha sancionado administrativamente a 4 mil 193 servidores públicos, de los cuales 3 mil 528 incurrieron en faltas no graves y 665 en faltas graves. Las principales conductas sancionadas abarcan la autorización de pagos indebidos o por bienes no entregados, compras injustificadas, sustracción de información resguardada, falsificación de documentos y acoso sexual.
Asimismo, la Secretaría ha remitido ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) los expedientes de mil 737 funcionarios por faltas graves, de los cuales 87 ya cuentan con notificación de sanción formal. En cuanto a particulares, la dependencia sancionó a 286 personas morales por la presentación de documentación falsa, incumplimiento de contratos y ocultamiento de conflictos de interés, recaudando 147.3 millones de pesos por este concepto, más 118.5 millones adicionales aplicados a 51 entes por vulneración en la posesión de datos personales.
En el ámbito penal, la dependencia ha interpuesto 517 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), derivando en 53 vinculaciones a procesos como enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y peculado.
En relación con el balance financiero preventivo, los 83 mil 800 millones de pesos recuperados o preservados se distribuyen en 42 mil 200 millones por seguimiento a la administración de contratos de obra pública, 29 mil millones por optimización en consolidación de compras, 7 mil 800 millones por compactación orgánica y 4 mil 800 millones por ejecución de multas. A la par, Buenrostro destacó un máximo histórico en el cumplimiento de la declaración patrimonial, alcanzando un 97.7 % de cumplimiento en tiempo y forma durante 2026, así como la resolución de 8 mil 222 recursos en materia de acceso a la información.
