AL AIRE
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que el Gobierno federal podría impulsar una iniciativa de ley con sanciones económicas y administrativas para las plataformas digitales que incumplan las medidas de protección a niñas, niños y adolescentes frente a contenidos violentos y de índole sexual, tras concederles un periodo de adecuación de un mes.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo precisó que las empresas tecnológicas aceptaron los lineamientos de un decreto presidencial publicado, cuya implementación será supervisada de forma directa por la Agencia de Transformación Digital.
«Si vemos que no se está cumpliendo con la protección a los menores, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas digitales», aseveró Sheinbaum Pardo.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, detalló que el instrumento normativo obliga a los servicios digitales que facilitan la interacción y difusión de contenidos a verificar de manera estricta la edad de sus usuarios, clasificar el material por rangos etarios y establecer configuraciones de privacidad predeterminadas para los menores de edad.
El decreto presidencial prohíbe de forma explícita que los algoritmos de recomendación o los motores de búsqueda permitan el acceso o la exposición de menores de edad a contenidos que inciten a:
- Explotación y violencia sexual o material explícito.
- Suicidio, autolesiones deliberadas y trastornos alimenticios.
- Violencia escolar, acoso y ciberacoso.
- Discursos de odio y extremismo violento.
Las empresas del sector tecnológico están obligadas a identificar y remover de manera inmediata cualquier cuenta o publicación que promueva o genere estas conductas ilícitas dentro de sus redes.
En el proceso de elaboración del decreto participaron representantes directos de firmas multinacionales como Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei, quienes manifestaron su disposición para adaptar sus sistemas y algoritmos en el plazo de 30 días fijado a partir de la entrada en vigor del documento.
