AL AIRE
Durante los primeros diez meses de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de 121 personas imputadas por delitos relacionados con el robo, transporte y tráfico ilegal de combustibles, conocido como huachicol. La cifra refleja un incremento sustancial en el combate a este ilícito en comparación con las 103 vinculaciones registradas a lo largo de todo 2025.
De acuerdo con el informe de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), los juzgados federales emitieron 60 sentencias condenatorias en contra de integrantes de redes dedicadas al mercado ilícito de hidrocarburos entre enero y octubre de este año, superando las 34 condenas logradas durante el ejercicio previo.
«Los resultados alcanzados en 2026 reflejan una intensificación de las acciones judiciales contra las estructuras dedicadas al mercado ilegal de combustibles. La estrategia se desarrolla en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal no solo para detener a quienes extraen o transportan el hidrocarburo, sino para desmantelar la cadena comercial que involucra a empresas y servidores públicos», precisó la FGR en su reporte institucional.
La dependencia federal subrayó que la estrategia de persecución penal abarca tanto la extracción ilegal en ductos como los esquemas financieros, empresariales y logísticos que facilitan su distribución en el mercado formal e informal. Como parte de estas operaciones de alto impacto, la FGR destacó el operativo realizado el pasado 16 de octubre en Reynosa, Tamaulipas, donde se cumplimentaron órdenes de cateo en cuatro inmuebles.
En dicha acción fueron detenidos y posteriormente vinculados a proceso Andrés Antonio “N” y Manuel Epifanio “N”. Durante las diligencias, las fuerzas federales aseguraron más de 100 vehículos, así como aproximadamente 1.5 millones de litros de diversos derivados del petróleo, incluyendo diésel, gasolinas y nafta.
Con estas acciones, la FGR reafirmó la tendencia al alza en el número de vinculaciones a proceso y sentencias condenatorias firmes obtenidas durante el presente año, consolidando los operativos coordinados entre las corporaciones de seguridad del Estado mexicano para frenar el quebranto patrimonial en el sector energético.
