AL AIRE
El incremento en las tarifas del transporte público en Monterrey ha generado un fuerte rechazo ciudadano, manifestándose en protestas y bloqueos de avenidas.
A pesar de que una encuesta reciente del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) reveló que la mayoría de los usuarios preferían una reducción en las tarifas, así como descuentos en transbordos, el gobierno estatal ha implementado un aumento gradual en los costos del transporte, lo que ha llevado a la ciudadanía a expresar su inconformidad.
Las protestas, que se han extendido por dos días consecutivos, han incluido la congregación de cientos de personas en la explanada de los Héroes y bloqueos de importantes avenidas en el centro de la ciudad.
Los manifestantes, provenientes de diversos puntos de Monterrey, han coreado consignas como «¡Ni un peso más!» y «¡Samuel, tranza, a la gente tienes harta!”, exigiendo una marcha atrás en el incremento de las tarifas, la reducción en los tiempos de espera y la ampliación de rutas en municipios periféricos.
El estudio del IMA, realizado entre el 15 y 29 de noviembre de 2024, encuestó a 1,550 usuarios de un estimado de 1,570,181 que utilizan el transporte público en la zona metropolitana de Monterrey.
Los resultados de esta encuesta evidenciaron que el 48.2% de los usuarios solicitó la reducción de tarifas, mientras que el 29.3% pidió descuentos en transbordos.
Además, se identificaron otras áreas de mejora como la necesidad de mejorar los validadores (12.5%) y las tarifas preferenciales (10.1%).
Además de los aumentos en las tarifas, la encuesta reveló otros problemas relacionados con la movilidad urbana, pues los usuarios invierten un promedio de 100 minutos por viaje, distribuidos de la siguiente manera:
– 10 minutos para llegar al parabús
– 30 minutos en espera del camión
– 52 minutos en el traslado a bordo de las unidades
– 8 minutos en bajar del camión y llegar a su destino
La encuesta también evaluó diferentes sistemas de transporte, donde los camiones operados bajo el esquema de pago por kilómetro fueron mejor calificados en general que el servicio tradicional.
Los camiones verdes operados por el IMA fueron bien calificados en seguridad e infraestructura, pero recibieron críticas en cuanto a accesibilidad y tarifas.
En contraste, el servicio tradicional de transporte mostró deficiencias en seguridad e infraestructura.
Las rutas exclusivas del IMA, que suelen cubrir trayectos más largos hacia municipios no metropolitanos, obtuvieron una mala calificación debido a la percepción de inseguridad, mal trato por parte de los operadores y malas condiciones de pavimento.
El gobierno estatal ha sido señalado por ignorar las demandas de los usuarios y ha sido responsabilizado por la molestia ciudadana.
El gobernador Samuel García ha atribuido las protestas a una estrategia orquestada por el PRI y el PAN.
Las protestas han escalado hasta el punto en que los manifestantes han irrumpido en el Palacio de Gobierno, entregando un pliego petitorio solicitando la cancelación del aumento en las tarifas.
La Dirección de Tránsito de Monterrey ha tenido que cerrar vialidades a causa de las manifestaciones.
Este panorama pone de manifiesto la urgencia de que las autoridades tomen en cuenta las demandas de los ciudadanos y reconsideren las políticas de transporte público, buscando soluciones que beneficien a todos los usuarios.
Las decisiones gubernamentales, en contra de las preferencias de los ciudadanos, han generado un clima de tensión y descontento que exige una respuesta inmediata.
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