AL AIRE
Lo que el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) presentó el 29 de abril contra Rubén Rocha Moya nace en una operación de inteligencia cuyo origen está documentado, aunque nadie en los grandes medios lo diga con claridad.
El 25 de julio de 2024, Joaquín Guzmán López atrajo a Ismael «El Mayo» Zambada a una finca en las afueras de Culiacán con un pretexto político. Lo esposaron, le cubrieron la cabeza, lo sedaron y lo subieron a un avión hacia Nuevo México. El propio Mayo lo declaró: fue secuestrado y su abogado lo confirmó. Guzmán López lo admitió ante una corte en Chicago en diciembre de 2025. Ese secuestro fue planeado desde una prisión estadounidense y operado por el HSI, la agencia de seguridad nacional de EE.UU. dueña del avión en el que se llevaron al Mayo a Estados Unidos. Fue un operativo encubierto en territorio mexicano, sin notificación al gobierno mexicano, que violó la soberanía nacional y el derecho internacional.
En esa misma finca murió Héctor Melesio Cuén y la FGR lo probó con una pericial genética. La versión de la muerte en la gasolinera fue un montaje fabricado por la Fiscalía de Sinaloa, cuyos funcionarios están hoy bajo investigación —aunque un juez federal en Culiacán, con antecedentes documentados de favorecer al Cártel de Sinaloa, bloquea sistemáticamente las órdenes de aprehensión. Cuén era el único presente en Huertos del Pedregal con capacidad de reconstruir lo ocurrido ante la justicia mexicana. Su testimonio podía destruir la versión que meses después el SDNY usaría para acusar a Rocha. Por eso, criminales mexicanos eliminaron a Cuén siguiendo instrucciones de ciudadanos extranjeros. Por eso, jueces y funcionarios de la Fiscalía de Sinaloa son accesorios de los grupos criminales que se activan selectivamente con ayuda desde el extranjero.
Cuando decimos que la violencia se activa desde el extranjero de forma selectiva, es porque la ruta de las armas lo deja claro: el flujo de armas incrementado de Arizona a Sinaloa no es consecuencia de la guerra entre Chapitos y Mayos: es su condición de posibilidad. El 62% de las armas rastreadas en México en 2024 salieron de ese estado. El volumen de las armas traficadas de Arizona a México se disparó después del 25 de julio. Nadie logra traficar tantas armas sin tener un corredor logístico seguro desde la frontera norte.
Armar a los Chapitos incrementó la violencia que después se le atribuyó al gobierno de Rocha como prueba de su supuesta complicidad. El expediente contra Rocha se construyó sobre los testimonios de los mismos Chapitos que organizaron el secuestro y el homicidio de Cuén. Eso tiene nombre en derecho: prueba Brady. Esto obliga al gobierno americano a revelar que su testigo estrella es un secuestrador convicto que mató a Cuén y engañó al Mayo para entregarlo a la DEA. Ese es el origen del caso y en México lo conocemos como “Efecto Corruptor” o “Prueba Envenenada”. En Estados Unidos también hay figuras para reconocerlo jurídicamente.
Además de todo esto, el caso se construye desde un aparato judicial usado como arma geopolítica, acompañado de medios que filtran expedientes antes de que lleguen al gobierno mexicano, y una oposición en México que activa mensajes casi idénticos en minutos tras cada anuncio del DOJ. Las visitas de políticos mexicanos a países extranjeros, incluyendo las de Alito Moreno, Maru Campos y Mauricio Tabe dan cuenta de ello. El fiscal que impulsa el caso, Jay Clayton, es exfuncionario de Trump y el mismo que acusó a Maduro en enero para ir tras su petróleo.
La diferencia de trato a delincuentes lo confirma: Francisco García Cabeza de Vaca, acusado en México por lavado y crimen organizado, vive libre en McAllen. La extradición fue solicitada por México y Washington no la ejecuta. Cabeza de Vaca no es un refugiado político, es un activo de inteligencia idéntico a Maru Campos, un caso más de un gobernador de un estado norteño que es controlado por agencias extranjeras. Cabeza de Vaca renunció a su nacionalidad estadounidense en México, pero jamás emprendió esa renuncia en Estados Unidos. No hay pruebas de que haya dejado de ser un ciudadano extranjero. Igualmente, Maru Campos dijo que no atenderá sus obligaciones bajo las leyes nacionales porque miembros del Senado mexicano están en una presunta “lista roja”. ¿Cómo y por qué una gobernadora mexicana tiene acceso a inteligencia privilegiada de un país extranjero?
La respuesta de México no será defender personas sino señalar las ilegalidades y la intervención fuera del marco de cooperación existente: EE.UU. no entregó pruebas antes del anuncio público de acusar a ciudadanos Mexicanos, violó los canales del tratado de asistencia jurídica, y usa a un Distrito Judicial de Nueva York como tribunal de presión política, no de justicia. México debe exigir reciprocidad, publicar la cronología completa de los hechos en cuanto se esclarezcan y llevar el caso ante foros multilaterales. Se debe contener y frenar a toda costa la intervención extranjera en México.
