AL AIRE
Oficialmente entraron en vigor tres reformas constitucionales tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, según informó la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Las modificaciones legislativas abordan la verificación de integridad de candidaturas, el aplazamiento y simplificación de la elección judicial, y la inclusión de la intervención extranjera como causa para anular elecciones.
Alcalde Luján precisó que el paquete de reformas fue aprobado por mayoría calificada en el Congreso de la Unión y recibió el respaldo de 25 congresos estatales antes de su publicación oficial.
Aplazamiento de la elección judicial a 2028
La reforma judicial traslada la elección de jueces, magistrados y ministros de 2027 al 4 de junio de 2028. De acuerdo con la consejera, este cambio de fecha busca evitar que el proceso se combine con la jornada electoral de 2027, la cual de por sí será una de las más grandes de la historia.
Además de mover el calendario, la modificación reduce el número de candidaturas, simplifica las boletas e incorpora exámenes de conocimientos para los aspirantes. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que en 2028, de proponerse, también se realizará la revocación de mandato.
La mandataria federal explicó que con esta reforma se simplificarán la boleta y el proceso, detallando que una sola comisión estará en contacto con las autoridades para verificar el cumplimiento de los requisitos, y posteriormente cada comisión por poder se encargará de las especificidades.
“Que elija el pueblo, porque es lo mejor que puede haber. Hay quien piensa que el pueblo es tonto y que no tiene la capacidad de elegir a sus jueces, magistrados o ministros. Nosotros pensamos lo contrario, que la gente tiene toda la capacidad para poder decidir quién quiere que participe”, afirmó.
Verificación de candidaturas y blindaje ante injerencia extranjera
La nueva normativa faculta al Instituto Nacional Electoral (INE) para integrar una comisión que reciba, de manera voluntaria, los listados de aspirantes enviados por las fuerzas políticas. Dichos listados serán canalizados a las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia con el fin de detectar posibles riesgos o vínculos con delitos. Sobre este punto, Alcalde Luján aclaró que el INE no investiga, no emite juicios sobre la integridad de los perfiles ni resuelve sobre sus registros.
Por último, la tercera modificación incorpora la intervención extranjera en procesos electorales federales o locales como una causa explícita para dictar la nulidad de una elección, siempre y cuando se compruebe y acredite que dicha injerencia influyó de manera directa en los resultados de las votaciones.
La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República recordó que, tras la entrada en vigor de esta última medida, el Congreso de la Unión dispondrá de un plazo máximo de 90 días para discutir y desarrollar las leyes secundarias correspondientes, en las cuales deberán quedar fijados los criterios, los estándares de prueba y las reglas de aplicación para las nulidades.
