El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) llevó a cabo la detención de Enrique Martínez-Chávez, un exmilitar de 32 años presuntamente vinculado al caso Ayotzinapa. El arresto del ciudadano mexicano se efectuó en la localidad de Hawthorne, California.
De acuerdo con el informe oficial emitido por la sede del servicio migratorio en Los Ángeles a través de la red social X, Martínez-Chávez permanecerá bajo la custodia institucional de ICE hasta que se concrete su proceso de repatriación a territorio mexicano, debido a que es buscado en su país natal por el delito de desaparición forzada de personas, cometido presuntamente mientras se desempeñaba como miembro activo del Ejército Mexicano.
Respecto al operativo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, precisó en su conferencia de prensa que la captura del exmilitar —ocurrida el pasado 3 de junio— derivó de una de las redadas de rutina que realiza la corporación estadounidense. Durante la intervención, los agentes detectaron la ficha de identidad que correspondía con la orden de aprehensión vigente en México, indicando que la Fiscalía General de la República podrá aportar mayores detalles sobre la situación jurídica del individuo.
Enrique Martínez-Chávez figura dentro de un grupo de 16 elementos del ejército señalados por las investigaciones gubernamentales en torno al caso Ayotzinapa. A dicho personal se le atribuyen presuntas responsabilidades penales bajo las hipótesis jurídicas de colusión y omisión en los hechos que derivaron en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero.
Los reportes periodísticos y registros oficiales detallan que el indiciado formaba parte del 27 Batallón de Infantería y se encontraba en funciones operativas la noche del 26 de septiembre de 2014, fecha en que dio inicio la agresión contra los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Los ataques perpetrados en distintos sectores de Iguala involucraron presuntamente a agentes de la policía municipal, corporaciones policiacas de otros niveles y efectivos militares, con un saldo final de seis personas ejecutadas y la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas.



