AL AIRE
Un grupo de 15 ciudadanos sudamericanos, siete peruanos, tres ecuatorianos y presuntamente cinco colombianos, se encuentran actualmente bajo vigilancia policial en un hotel cercano al aeropuerto de Kinshasa, tras ser deportados por Estados Unidos a este tercer país.
El vuelo, operado por Omni Air International y proveniente de Luisiana, aterrizó en la República del Congo la madrugada del 17 de abril, desatando una fuerte controversia internacional. Estos ciudadanos cuentan con órdenes de protección de la justicia estadounidense que prohíben su retorno a sus países de origen debido a riesgos creíbles de persecución, por lo que fueron transferidos a África bajo acuerdos bilaterales que la administración de Donald Trump ha reactivado para externalizar las solicitudes de asilo.
Expertos legales y defensores de derechos humanos han señalado que esta medida vulnera estándares internacionales mínimos. El abogado Moisés Montiel, profesor del CIDE, advirtió que, si bien se evita la devolución directa al país perseguidor, Estados Unidos incumple su obligación de garantizar que el destino sea seguro, especialmente considerando que la RDC atraviesa un cruento conflicto armado interno. Por su parte, la abogada Alma David denunció que su clienta colombiana se encuentra detenida de facto en un hotel sin redes de apoyo, calificando la oferta de retorno voluntario asistido como una forma de coacción para obligar a los migrantes a renunciar a su protección y regresar a los países de los que huyeron inicialmente.
Asimismo, investigadores como Cécile Blouin, de la PUCP, han calificado estos acuerdos de transferencia como opacos y secretos, señalando que violan el derecho a la libertad personal y al debido proceso. La falta de información clara hacia los familiares ha generado preocupaciones sobre posibles desapariciones forzadas administrativas, mientras se percibe que esta estrategia busca imponer una política de disuasión basada en el miedo. Hasta este momento, los 15 sudamericanos permanecen bajo custodia de la policía congoleña en una estancia que la RDC ha definido como estrictamente temporal, mientras las cancillerías de la región son cuestionadas por su postura pasiva ante estos hechos.
