A casi dos años de su detención y a pocos días de que se dicte su sentencia formal, Ismael «El Mayo» Zambada García aceptó formalmente una condena de cadena perpetua en los Estados Unidos. A través de una carta redactada por su abogado, Frank A. Perez, y dirigida al juez federal Brian Cogan, el cofundador del Cártel de Sinaloa admitió su culpabilidad y renunció a la posibilidad de buscar reducciones de condena o beneficios procesales.
La defensa describió el traslado de su cliente a suelo norteamericano en julio de 2024 como una “llegada involuntaria a los Estados Unidos”; sin embargo, precisó que, por instrucción directa de Zambada, el equipo legal evitó interponer mociones previas al juicio o alargar el caso en los tribunales, lo cual le ahorró al sistema judicial estadounidense los costos millonarios y las perturbaciones de un litigio de gran magnitud. El capo de 76 años ya se había declarado culpable en agosto pasado por cargos de empresa criminal continua y conspiración para mantener una organización delictiva, dentro de un expediente que contempla 17 cargos federales relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y distribución de armas de fuego.
La misiva enviada al juez Cogan, el mismo magistrado que dictó las sentencias de Joaquín «El Chapo» Guzmán y Genaro García Luna, no tiene como objetivo disputar la culpabilidad del procesado, sino influir en la designación de la prisión federal donde pasará el resto de su vida, priorizando su avanzada edad y sus padecimientos médicos vigentes:
“El acusado, Ismael Zambada García, acepta que, como consecuencia de los graves delitos que ha cometido, será sentenciado a prisión de por vida. Solicita respetuosamente a este Tribunal que utilice su sabiduría, experiencia y familiaridad con el funcionamiento interno de la Oficina de Prisiones (BOP) para recomendar el encarcelamiento en una instalación médica apropiada”, expone el documento de la defensa.
El texto aclara que «El Mayo» no pretende obtener privilegios ni un trato especial, pero sí requiere un «entorno médico o administrativo seguro” y asume con total conformidad que la sentencia definitiva, programada para el próximo 20 de julio, anulará cualquier vía legal para recuperar su libertad.
La difusión de esta carta, fechada el 6 de julio, se da en paralelo a los reclamos del Gobierno de México respecto a la falta de transparencia en el operativo de captura del capo. Apenas unas horas antes de conocerse el documento de la defensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró la exigencia de su administración para esclarecer si el FBI actuó en territorio nacional sin el consentimiento del Estado mexicano.




