AL AIRE
Ismael «El Mayo» Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado este lunes a cadena perpetua y al decomiso de 15,000 millones de dólares por un tribunal federal del Distrito Este de Nueva York en Brooklyn. La condena fue dictada por el juez Brian Cogan, el mismo magistrado que presidió los procesos contra Joaquín «El Chapo» Guzmán y Genaro García Luna, luego de que el capo mexicano de 76 años se declarara culpable de múltiples cargos de narcotráfico, tráfico de cocaína y fentanilo, renunciando a su derecho a un juicio.
Durante la audiencia, Zambada vestía uniforme de reo color caqui con camiseta anaranjada y mostró dificultades de movilidad al entrar cojeando a la sala, así como problemas para comprender las indicaciones del juez a pesar de la traducción simultánea. Tras repasar los cargos e implicaciones de la declaración de culpabilidad, el juez Cogan le preguntó al acusado si entendía plenamente las consecuencias del fallo antes de emitir la sentencia definitiva.
Al otorgársele la palabra, el líder delictivo leyó un mensaje en el que asumió la responsabilidad de sus actos sin solicitar clemencia.
“Acepto la responsabilidad de lo que hice, lo que hice estuvo mal. Acepto mi castigo, no estoy aquí para pedir compasión. Estoy aquí para aceptar mi responsabilidad y pedir perdón. La violencia debe de acabar en México… Nadie gana en este tipo de guerra”.
Debido al estado de salud del sentenciado, la defensa encabezada por el abogado Frank Pérez solicitó recomendaciones especiales para su confinamiento. En respuesta, el juez Cogan recomendó a la Oficina Federal de Prisiones adscribir al reo a un centro penitenciario que cuente con los servicios médicos necesarios para atender sus condiciones físicas y mentales. Asimismo, la fiscalía estadounidense, encabezada por Joseph Nocella, calificó a Zambada en sus cartas de sentencia como uno de los narcotraficantes más prolíficos del mundo, destacando que durante décadas pagó millones de dólares en sobornos a mandos policiales, militares y políticos en México para operar en la impunidad.
La cifra de decomiso impuesta, fijada en 15,000 millones de dólares, supera la orden de 12,600 millones asignada previamente a Joaquín «El Chapo» Guzmán, reflejando las ganancias adicionales acumuladas durante los años posteriores bajo la dirigencia exclusiva de Zambada. Las autoridades estadounidenses justificaron la severidad de la condena argumentando el riesgo latente de que el acusado intentara mantener el control de la organización criminal desde prisión a través de facciones leales aún activas.
A diferencia de otros procesos judiciales de alto perfil, Zambada evitó el desahogo de pruebas y testimonios en un juicio abierto al aceptar su culpabilidad desde las fases iniciales del proceso. No obstante, analistas y fuentes judiciales no descartan que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pueda promover en el futuro un acuerdo de colaboración para obtener información sobre redes delictivas, exfuncionarios o mandos de seguridad en México a cambio de eventuales beneficios procesales.
Aunque la defensa reiteró que hasta el momento su cliente no ha fungido como informante ni ha identificado a miembros del Cártel de Sinaloa o a servidores públicos mexicanos, el marco legal estadounidense permite iniciar negociaciones de cooperación con posterioridad a la imposición de la sentencia firme. Con esta resolución, concluye la etapa inicial del proceso penal contra el capo, garantizando su permanencia de por vida en el sistema penitenciario estadounidense.
